La Abogacía examinará los testimonios de crímenes de guerra contra Putin de refugiados en España

Un comité de expertos creado por el Consejo General de la Abogacía Española está ya a la espera de recibir los primeros testimonios de víctimas de la guerra de Ucrania sobre supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad que servirán de sustento jurídico a la investigación que impulsa la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Kremlin.

El citado organismo, cuya constitución se anunció a finales del pasado marzo, ya se ha constituido. Presidido por el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Imbroda, está integrado además por el magistrado José María Asencio; el catedrático de Derecho Internacional Jaume Ferrer; y el abogado David Querol, que preside la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona, expertos todos ellos en justicia penal internacional que contarán además con el respaldo de la Fundación Abogacía Española.

Ellos serán los encargados de examinar los testimonios de desplazados que han huido a nuestro país y que han sido entrevistados por miles de abogados de toda España en busca de pruebas de crímenes agresión, de guerra, genocidio y de lesa humanidad, los cuatro supuestos que amparan la investigación de la Corte Penal Internacional, que decidió actuar a instancia de casi 40 países, entre ellos España, para investigar la posible comisión de crímenes de guerra en la invasión rusa de Ucrania.

El mismo fiscal de la CPI, Karim Khan, ya había decidido investigar esas denuncias con carácter previo. Ahora, esa demanda colectiva se nutrirá, entre otras pruebas, de las que se recojan en España por boca de los hasta ahora 80.000 ucranianos que han buscado refugio en nuestro país.

“Están aportando evidencias”

Uno de los integrantes de este comité, el magistrado José María Asencio, explica a LA RAZÓN que -según la información que han trasladado ya los abogados encargados de recoger esos testimonios- “una gran cantidad de ellos están aportando evidencias” de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero, de momento, están aún a la espera de que lleguen a sus manos los primeros informes para ponerse a trabajar. “En unos días esperamos empezar a recibir ya información, aunque calculamos que analizarla y cribarla nos llevará unos meses”.

La suya será, especifica, una labor de “recopilación de toda esa información y de análisis” para determinar “qué puede ser relevante penalmente para ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional a través del mecanismo establecido por el Consejo General de la Abogacía”. El comité examinará, por tanto, solo aquellos indicios de las conductas “que tengan encaje jurídico en los supuestos recogidos por el Estatuto de Roma”.

“No vamos a juzgar a nadie -deja claro Asencio-, sino que nuestro cometido es facilitar la labor de la Corte Penal”. El magistrado, no obstante, considera que resulta “complejo” que se pueda sentar a Putin ante la Corte Penal Internacional, “porque ni Ucrania ni Rusia son parte del Estatuto de Roma” (Ucrania se sometió a su jurisdicción a partir de noviembre de 2013, lo que sí abre la puerta a investigar posibles crímenes de guerra en suelo ucraniano).

El integrante de este comité de expertos recuerda que el ministro de Exteriores ucraniano propuso recientemente la creación de un tribunal ad hoc para juzgar posibles crímenes de lesa humanidad a raíz de la invasión rusa. “Podía ser interesante, pero -matiza- creo que debemos proseguir el procedimiento ante la Corte Penal Internacional, porque si lo ha iniciado es porque existen posibilidades de que se desarrolle”.