“Quiero que Oklahoma sea el Estado más pro-vida de EE UU”

La población de Estados Unidos en general, pero las mujeres estadounidenses en particular, mantienen posturas radicalmente distintas sobre la legalidad del aborto, con amplios matices a favor y en contra. Su posible derogación como derecho constitucional, pactada a escondidas por la mayoría conservadora de la Corte Suprema en febrero y filtrada esta semana por Político, pondría fin a medio siglo de existencia de la actual Ley Roe vs Wade, vigente desde 1973.

La filtración del borrador de la máxima institución judicial ha adelantando el debate de uno de los temas más cruciales y divisorios del país, a falta de poco más de seis meses para que se celebren las decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato, las Midterms, que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre.

También ha desatado una imparable oleada de protestas a favor y en contra del derecho a la interrupción del embarazo, extendidas por las grandes ciudades del país en las últimas horas. Muchos responsables políticos, además, han aprovechado para impulsar sus propias normas estatales antes de que entre en vigor cualquier derogación o nuevo procedimiento judicial.

“Estoy orgulloso de firmar la ley SB1503, la Ley de latidos del corazón de Oklahoma. Quiero que Oklahoma sea el estado más pro-vida del país porque represento a los cuatro millones de habitantes que abrumadoramente quieren proteger a los no nacidos”, publicó el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, en sus redes sociales.

El estado que gobierna el republicano aprobó, apenas unas horas después de conocerse la existencia del borrador de la Corte Suprema, una ley para prohibir el aborto a partir de las seis semanas de gestación, plazo en el que muchas mujeres todavía no saben que están embarazadas.

Y es que, el pasado 6 de abril, Oklahoma aprobó primero en la Cámara de Representantes, sin debates ni preguntas en la sala, y después en el Senado, con 70 votos a favor y 14 en contra, este proyecto de ley contra el aborto. Así, el Estado del medio oeste de Estados Unidos dio paso a la histórica prohibición de todas las formas de aborto, sin excepción en caso de incesto o violación, enfrentando altas multas y hasta 10 años entre rejas a quienes no lo cumplan.

El debate a nivel nacional se traslada ahora más allá del aborto. El presidente Joe Biden cree que otros derechos básicos, como el matrimonio homosexual, podrían correr peligro si finalmente el Supremo deroga el que hasta ahora ha sido un derecho constitucional en Estados Unidos.

El país vuelve a mostrar, una vez más, su lado más polarizado. Aunque recientes encuestas demuestran lo contrario: sólo el 30 por ciento de la población quiere que se prohíba el aborto, frente a la otra gran parte restante del país que se opone a aceptar esta drástica medida.

Con la insólita decisión de la Corte Suprema, de llevarse a cabo, Estados Unidos se convertiría en una excepción a nivel mundial al impulsar medidas de retroceso en el acceso al aborto, en contra de las que poco a poco han ido implementando otros países durante las últimas décadas. Sólo tres naciones, desde 1995, han endurecido las existentes leyes de la interrupción del embarazo en todo el mundo: El Salvador, Nicaragua y Polonia. Otros 59 países, por el contrario, las ampliaron durante ese mismo periodo de tiempo.

En la actualidad, alrededor de una decena de países en el mundo autorizan el aborto por cualquier motivo, sin contemplar excepciones, más allá de las 15 semanas de embarazo, el límite máximo establecido por la ley de Misisipi que precisamente hace unos meses llevó a a la Corte Suprema de EEUU a considerar la revocación del derecho constitucional establecido hace casi cincuenta años.

El documento de 98 páginas filtrado esta semana fue firmado por los seis conservadores del total de nueve jueces del Supremo. Samuel Alito, Clarence Thomas y los tres magistrados elegidos por Donald Trump durante su presidencia: Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Aunque todavía no se ha confirmado si el borrador filtrado es la versión final, el presidente de la máxima institución judicial, el magistrado John Roberts, sí ha confirmado la autenticidad del documento. El texto, según el juez del Supremo, “no representan la posición final de ningún miembro sobre las cuestiones del caso”, que deberán debatirse en la sede del Alto Tribunal antes de su votación.

La insólita prohibición del derecho al aborto en todo el país dejaría en manos de los propios Estados su regulación y, según el peso de cada partido y sus opuestas ideologías, dichos Estados contarían con sus propias restricciones a la norma y, consecuentemente, su aplicación. Los gobernantes estatales y locales, demócratas y republicanos, tendrían la última palabra en la decisión que durante décadas ha sido un derecho constitucional y, con ello, la responsabilidad de representar los intereses de sus ciudadanos.

Si la Corte Suprema estadounidense revoca el dictamen, vigente desde 1973, se espera que más de una veintena de Estados del país restrinjan totalmente el aborto en todas las etapas de embarazo, sin excepciones en casos de violación, incesto o riesgo para la salud de la gestante.