Crímenes de guerra y cerco a los oligarcas rusos: los pasos de España

El contador de los días de la guerra no para y cada ayuda cuenta. Desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidiera iniciar su ofensiva en Ucrania, todos los países europeos, incluida España han arrimado el hombro. La estrategia del Gobierno español se ha ido modificando a medida que ha pasado el tiempo y, especialmente, el Ministerio del Interior o el de Justicia -dejando a un lado por supuesto el de Defensa que es el que tiene los recursos de combate- han anunciado sus propias estrategias para apoyar al pueblo ucraniano.

Bienes de oligarcas retenidos

El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril un mecanismo excepcional para estrechar el cerco a los oligarcas rusos que están, supuestamente, ayudando a financiar la guerra. El objetivo era agilizar el embargo de bienes que magnates cercanos a Putin tienen en España, pero que no están a su nombre.

De manera estratégica muchos los tienen testaferros, familiares o sociedades pantalla que, hasta ese momento, no podían ser bloqueados. Tras esta aprobación, el Ejecutivo permite que se inmovilicen los bienes sobre los que haya un informe policial que acredite que detrás hay uno de estos financiadores rusos. Los últimos datos recabados cuentan con 12 productos financieros de cinco oligarcas diferentes intervenidos, 23 inmuebles y 3 embarcaciones de lujo.

Investigación de la Fiscalía

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, mantuvo varias reuniones con su homóloga ucraniana y el 8 de marzo firmó un decreto muy relevante y con pocos precedentes para guardar todo el material que pudiera servir de prueba en futuros procesos judiciales derivados de la guerra.

Estas diligencias se las encargó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y, tal y como avanzó LA RAZÓN las indagaciones fueron encargadas a un grupo específico de la Policía experto en crímenes de lesa humanidad. Estos policías que dependen de la Comisaría General de Información se encuentran en una fase que, principalmente, consiste en recoger testimonios de refugiados y recabar datos de Internet. Las pesquisas avanzan muy lentamente debido a la sensibilidad de la materia y se encuentran bajo secreto de sumario.

También en la Fiscalía Anticorrupción se redactó un documento con los nombres de media centena de oligarcas rusos y personas investigadas relacionadas con el crimen organizado a petición de Delgado. La intención, según las fuentes consultadas allí, es construir un mapa general de la situación de la mafia rusa en España y poder actuar en consecuencia con los procesos de extradición, por ejemplo.

Policías en terreno

El Ministerio del Interior anunció hace casi un mes que enviaría un Equipo Policial de Apoyo (EPA) para trabajar sobre el terreno con agentes mixtos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Fuentes de este departamento explican que el operativo todavía no ha sido desplegado aunque anuncian que se hará “pronto”. Los que sí están ya sobre el terreno son un grupo de GEOs (Grupo Especial de Operaciones), que son los agentes de élite del cuerpo nacional. Acudieron para volver a abrir la embajada.

Este otro grupo que viajará en las próximas semanas pertenecen tanto a las unidades de Policía Científica como Judicial y de Investigación. También hay especialistas en desactivación de explosivos y técnicos en incidentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos (unidades NRBQ).

Forenses para identificar cuerpos

La última reunión entre la Ministra de Justicia Pilar Llop y representantes del ministerio de Justicia ucranianos se produjo el pasado 4 de mayo para empezar a diseñar un plan de acción entre ambos. Existe un Memorando de Entendimiento que se suscribió en 2018 y ahora están utilizando esto como paraguas para poder suscribir aquí todos los acuerdos.

Llop ofreció el envío de un equipo médico forense, coordinados por una magistrada que evaluaría sobre el terreno la identificación de los cuerpos, análisis de ADN o recogida de pruebas. Todo esto con una doble intención: aportar pruebas de cara a los procedimientos que se investiguen dentro del país en guerra y también para aportar a la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra.