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El Salvador cuenta 34.000 detenidos a casi dos meses de “estado de excepción”

A casi dos meses de la implantación de esta medida el Congreso salvadoreño plantea extender la norma esta semana

Una nueva ampliación del régimen de excepción en El Salvador, que suspenden garantías constitucionales, sería aprobado por el Congreso "fuera del marco de la constitución", según advierten defensores de derechos humanos, quienes también alertan que en el país se está "configurando una situación de lesa humanidad". EFE/Rodrigo Sura
Una nueva ampliación del régimen de excepción en El Salvador, que suspenden garantías constitucionales, sería aprobado por el Congreso "fuera del marco de la constitución", según advierten defensores de derechos humanos, quienes también alertan que en el país se está "configurando una situación de lesa humanidad". EFE/Rodrigo SuraRodrigo SuraAgencia EFE

El Salvador está a punto de cumplir dos meses de “estado de excepción”, tras plantearse el lunes una nueva ampliación del régimen, que suspende garantías constitucionales. La medida sería aprobada por el Congreso “fuera del marco de la constitución”, según advierten defensores de derechos humanos.

El Salvadorse encuentra bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo y su plazo fue ampliado hasta finales de mayo, pero se prevé que la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele, lo amplié una vez más esta semana.

Una escalada de violencia, que se cobró la vida de 87 personas y colocó el día 26 de marzo como el más violento de la historia reciente salvadoreña, dio pie a decretar esta medida extraordinaria.

Dicho régimen suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.

En este contexto, las organizaciones sociales han recabado más de 500 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y, además, se contabiliza la muerte de 16 personas.

A mediados de mayo, diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) respaldaron públicamente la posibilidad de ampliar la medida.

34.000 miembros de pandillas detenidos

De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), desde el 27 de marzo al 22 de mayo han sido capturadas cerca de 34.000 personas (33.812), bajo acusaciones de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.

No obstante, la Policía y la Fiscalía continúa sin detallar cuántos de los capturados son pandilleros, líderes de dichas estructuras y cuántas personas son las que están ligadas a dichas bandas.

El régimen de excepción, suspende -entre otras cosas- el derecho a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días.

Es decir, las personas detenidas pasan hasta 15 días detenidos, luego enfrentan una audiencia inicial en la que, en la mayoría de los casos, son acompañados de un abogado público asignado por la Procuraduría General de la República.

En las audiencias judiciales son presentados números grupos de detenidos y generalmente se decreta prisión provisional para que la Fiscalía siga investigando y los capturados son enviados a diferentes cárceles del país centroamericano.

En medio de esta situación, una investigación periodística reveló que una supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado la referida ola de asesinatos.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Bukele sigue sin aclarar dicha situación.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, tiene programado realizar su sesión plenaria el miércoles, pero se desconoce si durante la misma se podría aprobar una nueva extensión del estado de excepción o se convoca a una sesión extraordinaria antes del 28 de abril, día en que vence la primera ampliación.

Organizaciones nacionales e internacionales han señalado que durante el período del régimen se le ha violentado a la población derechos humanos y han alertado de capturas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad.

Hasta antes de la ola de asesinatos de finales de marzo, el Gobierno de Bukele decía que mantenía el control del territorio y le atribuía la caída de los asesinatos, que venían bajando desde 2016, al plan gubernamental Control Territorial.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil en el país (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.