Internacional

Perú

La Defensoría del Pueblo denuncia la actuación policial en el desalojo de la Universidad de Lima

Acusa a las Fuerzas de Seguridad de violar los derechos fundamentales de los 200 detenidos

Agentes de la Policía antidisturbios durante las protestas contra Dina Boluarte en Perú
Agentes de la Policía antidisturbios durante las protestas contra Dina Boluarte en PerúDPA vía Europa PressDPA vía Europa Press

La Defensoría del Pueblo de Perú aseguró este lunes que identificó “afectaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas” durante la intervención policial del sábado pasado en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima.

“En supervisión a la intervención policial en la UNMSM y a la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal), la Dircote (Dirección contra el terrorismo) y la División de Asuntos Sociales se identificaron afectaciones a derechos fundamentales de las personas detenidas”, señaló la Defensoría en un comunicado.

El organismo indicó que entre los arrestados hubo estudiantes, mujeres, dos gestantes, una niña, ancianos, personas con discapacidad y con prescripción médica, así como integrantes de comunidades campesinas e indígenas, que tienen al quechua y aimara como lenguas maternas, “quienes no habrían recibido información alguna sobre las razones de su detención”.

Agregó que algunas de esa personas denunciaron que tuvieron que orinar “en el lugar de la retención inicial” y que mujeres no pudieron acceder a productos de higiene personal, y sufrieron de cólicos (dolores menstruales) y dolores de cabeza, “afectando su salud integral”.

“Además, inicialmente, se advirtió la ausencia de garantías al derecho a la defensa, como la carencia de intérpretes de las diversas lenguas, y se les mantuvo incomunicadas con sus familiares y amistades”, remarcó.

La Defensoría del Pueblo sostuvo, en ese sentido, que “es necesario que se garantice a las mujeres detenidas una atención diferenciada y con enfoque de género” y se permita “una atención digna y coherente con el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, sin ningún tipo de discriminación”.

Urgió, además, a “establecer e incorporar medidas específicas que garanticen el trato digno y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas detenidas” y a “asegurar una atención diferenciada y especializada a niñas, niños y adolescentes” que llegaron a Lima acompañando a sus progenitores o cuidadores detenidos.

Pidió también que “durante las intervenciones y detenciones policiales a personas indígenas, se respete su dignidad y derechos, acorde a su lengua materna y tradiciones, con un enfoque de interculturalidad”.

La Defensoría señaló que envió estas recomendaciones al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y al Ministerio del Interior y que “hará seguimiento” a su implementación “a fin de que se garanticen los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad”.

Este lunes, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que el ingreso de la Policía Nacional, con derribo de puertas, a San Marcos se hizo ante un pedido de sus propias autoridades y por la comisión de un delito, en flagrancia, de algunos de los manifestantes antigubernamentales allí alojados.

Sin embargo, este centro universitario denunció el domingo que se cometió un “abuso de autoridad”, que en el operativo no hubo presencia de la Fiscalía y rechazó la intervención de la policía antiterrorismo en la residencia universitaria, “que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos”.

La PNP echó abajo con una tanqueta la entrada de la universidad e ingresó el sábado al campus para desalojar a cientos de manifestante venidos de todo Perú para acampaban en su interior y participan en protestas antigubernamentales.

El gran operativo acabó con la detención de 193 personas, entre manifestantes y estudiantes, que fueron liberados el domingo por orden de la Fiscalía.