Los bombardeos de Trump en el Pacífico tensan sus relaciones con Colombia y Venezuela

Estados Unidos ha intensificado su campaña militar contra el narcotráfico en aguas internacionales, con dos nuevos ataques letales que dejan cinco muertos. Por primera vez, las operaciones no se produjeron en el Caribe, sino en el océano Pacífico, abriendo un nuevo escenario de tensión diplomática y jurídica. Con estos bombardeos, ya son al menos nueve las ofensivas conocidas, con un saldo total de 37 fallecidos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que el primer ataque se produjo el martes contra una embarcación en el Pacífico oriental. Según su versión, el barco estaba operado por una "organización terrorista designada" y se dedicaba al narcotráfico. "Ambos narco-terroristas a bordo fueron eliminados", afirmó Hegseth en sus redes sociales, acompañando sus palabras con un vídeo del misil impactando sobre una lancha azul que estalla en llamas.

Horas después, el propio Hegseth informó de un segundo ataque en la misma zona, que dejó tres muertos más. En ambos casos, el Pentágono sostuvo que las embarcaciones transitaban rutas habituales del contrabando de drogas, aunque no presentó pruebas concretas sobre la naturaleza de los cargamentos ni la identidad de las víctimas.

Trump mantiene que no necesita autorización dle Congreso

El presidente Donald Trump, que esta semana se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reivindicó la operación como parte de su estrategia personal para "erradicar el terrorismo del narcotráfico". Según afirmó, no necesita autorización del Congreso para lanzar misiles en aguas internacionales. "Es mi deber como comandante en jefe proteger a nuestro país de los enemigos que lo amenazan, estén donde estén", declaró.

Sin embargo, la Constitución estadounidense establece que solo el Congreso puede autorizar acciones militares. Trump, que ha anunciado su intención de extender la ofensiva a objetivos terrestres "muy pronto", aseguró que en ese caso sí pedirá autorización legislativa.

Las críticas no se han hecho esperar. Expertos en derecho internacional y derechos humanos han denunciado que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al no producirse en un contexto de conflicto armado ni existir una base legal clara. Tres expertos de Naciones Unidas enviaron el martes una carta conjunta en la que califican las operaciones de "violación del derecho internacional del mar" y advierten de que "el largo historial de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse".

Las reacciones en América Latina

Desde América Latina, las reacciones han sido contundentes. El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a Washington de "asesinato y violación de soberanía", tras conocerse que algunas víctimas podrían ser pescadores locales. "Fisherman Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico", denunció Petro en la red X, añadiendo que demandará a Trump y sus funcionarios por difamación.

Venezuela, por su parte, llevó el asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Su embajador, Samuel Moncada, alertó del riesgo de un "crimen internacional" y pidió frenar la campaña militar. Las relaciones entre Caracas y Washington ya se encontraban en su punto más bajo desde que Trump, en su segundo mandato, reactivó la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro y autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

El Gobierno de Trump insiste en equiparar a los carteles latinoamericanos con grupos terroristas como Al Qaeda. Pero analistas advierten que el presidente podría estar estirando peligrosamente el concepto de "terrorismo" para justificar una política exterior "sin control ni transparencia". Al respecto, el investigador Brian Finucane, del International Crisis Group, aseguró que "no hay guerra ni ataque armado contra Estados Unidos, solo un gobierno que practica asesinatos premeditados al margen de la ley".

La ofensiva marítima, iniciada el pasado 2 de septiembre, ya ha desatado una tormenta diplomática. Ahora, con el Pacífico como nuevo escenario, el riesgo de que la "guerra contra las drogas" derive en una crisis regional es más real que nunca.