Estados Unidos busca contrarrestar a China con el acuerdo de paz en el este del Congo

En el furioso contexto de la guerra, un acuerdo de paz es como un oasis en el desierto. Corre el riesgo de ser un espejismo y de esfumarse cuando el sediento lo alcance, pero existe esa posibilidad, y a esa posibilidad hay que aferrarse. Un oasis apareció este miércoles en el este africano, cuando se anunció que República Democrática del Congo y Ruanda acordaron el borrador de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto entre las dos naciones. El proceso que debería finalizar la violencia no ha finalizado, pero este último paso puede considerarse como un avance en positivo.

Estados Unidos y Qatar son los grandes mediadores entre ambas partes, enfrentadas desde hace décadas en una cadena de conflictos que involucran el control de las materias primas, choques étnicos y grupos armados capaces de controlar ciudades enteras. Los gobiernos de ambas naciones africanas parecen dispuestos, por primera vez en décadas, aunque el proceso se está probando lento y no ha supuesto aún el fin de las hostilidades. Fue en abril cuando ruandeses y congoleños acordaron en una primera instancia su voluntad para negociar la paz; primero se comprometieron a negociar, ahora se comprometen a comprometerse y el siguiente paso, que se estima que vendrá con la firma de un tratado de paz a finales del mes de junio, debería ser un acuerdo de paz.

El beneficio de la paz también afecta a Estados Unidos. Washington se beneficiaría de este acuerdo en la medida en que le permitiría contrarrestar la influencia china en RDC, abriéndole como condición a su mediación una puerta desde la que obtener contratos que reduzcan su dependencia externa en la construcción de baterías y sistemas de defensa, el desarrollo de tecnología, etc. Por parte de Qatar, aunque no se han hecho públicos sus intereses, sí que se conoce que Qatar Airlines posee casi el 50% de las acciones de la aerolínea estatal ruandesa RwandAir, mientras que sí queda claro su interés por ganar influencia diplomática en el continente africano. Nada es gratuito en República Democrática del Congo. Ni la vida ni, desde luego, la paz.

En un comunicado publicado este miércoles por el Departamento de Estado norteamericano, se especifica que “el Acuerdo incluye disposiciones sobre el respeto a la integridad territorial y la prohibición de hostilidades; la separación, el desarme y la integración condicional de grupos armados no estatales; el establecimiento de un Mecanismo Conjunto de Coordinación de la Seguridad que incorpora el CONOPS del 31 de octubre de 2024; la facilitación del retorno de refugiados y desplazados internos, así como el acceso humanitario; y un marco de integración económica regional”. También anuncia que próximamente se celebrarán en Washington una cumbre de jefes de Estado.

La “integración condicional de los grupos armados” supone un término peliagudo. Todavía no se han especificado cuáles serán esas condiciones, esos términos, y ya existe un historial en República Democrática del Congo en el que grupos armados se escindieron en dos partes: unos se integraron al ejército nacional y otros crearon un nuevo grupo fuera de la ley. Ocurrió, por ejemplo, con el propio M23, que previamente formaba parte del ya disuelto Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (NDP).

Aunque nada de esto implica que los combates hayan concluido. Un contacto de este periodista, que prefiere permanecer en el anonimato, indicó hace apenas una semana que la zona próxima al aeropuerto de Bukavu “está fatal”: “Antes de ayer hubo otra vez enfrentamientos entre Wazalendo/Mai Mai contra el M23, y al menos, que yo sepa, cuatro civiles murieron”. Y debe considerarse en todo momento la (no) predisposición de los grupos armados a la hora de respetar el posible acuerdo. Corneille Nangaa, líder de la Alianza del Río Congo (que incluye al M23), comunicó a AP en el mes de abril que ni las sanciones internacionales ni el acuerdo mediado por Estados Unidos detendrían los combates. No sería esta la primera vez que los esfuerzos de paz son dinamitados por el M23 y sus socios.

Por parte de las milicias aliadas del gobierno congoleño, tampoco parece claro que vayan a aceptar el acuerdo de buen grado. Varios líderes entre los Wazalendo criticaron en abril su falta de participación en las conversaciones, considerando que han sido ellos quienes han protagonizado el grueso de los combates, y consideran de igual manera que el acuerdo de paz supondrá una paz temporal, que no definitiva, sin atacar las causas estructurales del conflicto y de la pobreza que afecta a la población local.

Se sobreentiende además que esa “integración condicional de los grupos armados” incluye a los Wazalendo, que ven peligrar su existencia. Erradicar a los Wazalendo sin contar con su opinión es una manera de garantizar que pasen a la clandestinidad y que se conviertan en un problema a futuro para el pueblo congoleño, si hay facciones que se niegan a deponer las armas al no reconocer el acuerdo.

La Movilización para la Salvaguardia de la Soberanía y la Autonomía Congoleñas (por sus siglas en francés, MOSSAC), una coalición de líderes de la sociedad civil congoleña y abogados defensores del interés público, también ha expresado fuertes críticas contra el acuerdo de paz. Consideran que el acuerdo “socava” la soberanía congoleña en favor de los intereses estadounidenses y ruandeses, mientras que otros actores, incluyendo parlamentarios europeos, cuestionan si el actual acuerdo legitima de alguna manera los actos del M23, que conseguiría de esta manera sus objetivos sin castigo por todo el daño cometido.

Más de 4 millones de personas viven desplazadas en el este congoleño, según los datos de ACNUR en diciembre de 2024. En enero se intensificó la violencia con la conquista de las ciudades de Goma y de Bukavu por parte del M23, multiplicándose las violaciones de derechos humanos y las ejecuciones sumarias. En una región dominada por grupos armados no gubernamentales, parece claro quién tiene la última palabra cuando los gobiernos firman sus acuerdos. Y no siempre coincide.