La mayoría de los Gobiernos de la UE están de acuerdo en que el número de llegadas de potenciales solicitantes de asilo a la UE debe seguir disminuyendo, y también en que más personas que tienen que abandonar el país deben ser devueltas a los países de tránsito y de origen. Según la agencia europea de protección de fronteras Frontex, las entradas no autorizadas en la UE han descendido este año en torno a un 42%, hasta las 144.000, en comparación con el año anterior. Se trata de un éxito de la política migratoria. Pero eso no es suficiente para unos Gobiernos que ven cómo la ultraderecha ha convertido la inmigración en su principal ariete para llegar al poder.

EL Gobierno alemán y otros 16 Estados miembros reclaman una aplicación más rápida de las reformas acordadas para los procedimientos de asilo en la UE. Los Estados miembros acordaron a inicios de 2024 que estas debían entrar en vigor a mediados de 2026. Ahora ese proceso debería acelerarse. Sin embargo, no está claro si los procedimientos de asilo para los solicitantes con pocas perspectivas realizados directamente en las fronteras exteriores serán más rápidos de lo previsto. Italia y Grecia tendrían que crear centros de acogida con hasta 30.000 plazas en sus fronteras exteriores de la UE. Hungría, por su parte, rechaza por completo el pacto migratorio de la UE y no quiere aceptar solicitantes de asilo de los países de primera entrada, es decir, principalmente, de Grecia, Italia y España.

Alemania

El nuevo ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, anunció que se reforzarán los controles en las fronteras exteriores de Alemania. Las personas que solicitan asilo también serán rechazadas en las fronteras si no pueden presentar documentos de entrada válidos, o si ya han presentado una solicitud en otro país de la UE. Dobrindt explica que la Policía Federal ahora tiene la opción de rechazar a los solicitantes, pero no está obligada a hacerlo. Es decir, que puede decidir según el caso.

El ministro del Interior espera que, con esta medida, las personas migrantes ni siquiera intenten llegar a Alemania. También debería alentarse a los países vecinos en la Unión Europea a que detengan su tránsito hacia Alemania. Según Frei, también ministro de Asuntos Especiales, las medidas son necesarias porque todavía no ha sido posible proteger eficazmente las fronteras exteriores de la UE.

Francia

Hace un año, el Gobierno de Emmanuel Macron sacó adelante una polémica ley de inmigración con el apoyo de la ultraderecha de Marine Le Pen. Entre las más de cien medidas que incluye la ley, la más controvertida, es la que endurece las condiciones para que los inmigrantes legales puedan acceder a ayudas a la familia o a la vivienda, teniendo que esperar hasta cinco años para percibir algunas de estas prestaciones. Con esta norma, el Gobierno francés, aceptó el principio ultraderechista de «los franceses primero». Una preferencia nacional que hasta entonces era un tabú para el presidente francés.

Italia

El Gobierno de derechas de Giorgia Meloni atribuye la caída en picado de las llegadas en el Mediterráneo Central a su dura política migratoria. Los datos de Frontex muestran un descenso del 38% de los cruces irregulares de las fronteras de la UE en 2024, el más bajo desde 2021, cuando los efectos de la pandemia aún eran evidentes. Según Frontex, el descenso se debió a una reducción del 59% en las salidas desde Túnez y Libia. La estrategia italiana incluye la firma de acuerdos con países de origen de los inmigrantes, como Túnez y Libia, para frenar las salidas así como el establecimiento de centros de migración en terceros países para tramitar externamente las solicitudes de asilo.

La eficacia de este «modelo» es aún incierta, ya que los centros de Albania, destinados a tramitar las solicitudes de asilo en Italia, se han topado con importantes contratiempos legales. Sin embargo, es alabado por Gobiernos europeos tanto de derechas (Suecia) como de izquierdas (Dinamarca y Reino Unido) y la UE lo contempla para frenar la inmigración ilegal.

Reino Unido

Ante el auge electoral del populista Nigel Farage, el primer ministro británico, Keir Starmer, dio a conocer en mayo un plan destinado a endurecer la política de inmigración. Starmer prometió retomar «el control» de las fronteras, después que las cifras de migración se disparasen. Entre 2019 y 2023, la migración neta, la cantidad de extranjeros que entran frente a los que salen, se cuadruplicó, lo que equivale casi a la población de Birmingham, la segunda ciudad del país. El primer ministro británico presentó un libro blanco sobre inmigración, e insistió en cerrar un «capítulo sórdido para nuestra política, nuestra economía y nuestro país». El plan incluye aumentar de cinco a diez años el período exigido de residencia de extranjeros en Reino Unido antes de solicitar la ciudadanía británica, así como endurecer los visados para los trabajadores cualificados y no cualificados. También se incrementarán los requisitos de inglés para los migrantes, exigencia que se extenderá a los adultos dependientes, lo que significa que deberán demostrar un dominio básico del inglés.

Austria

Austria suspendió desde mayo las reunificaciones familiares de refugiados, convirtiéndose en el primer país de la UE en hacerlo. El Gobierno, liderado por los conservadores en coalición con los socialdemócratas y liberales, alegó dificultades de integración y la presión sobre el sistema.

Mientras varios países de la UE estudian restringir el derecho a traer a familiares, Austria es el primero en poner fin a esa medida. Viena ya había detenido las reunificaciones de sirios tras el derrocamiento del dictador Bachar al Asad en diciembre, argumentando que necesitaba reevaluar la situación y amenazando con deportaciones. La medida durará inicialmente seis meses, pero podría extenderse hasta mayo de 2027. Según datos del Gobierno austriaco, casi 9.300 personas llegaron a través de la reunificación familiar en 2023, y alrededor de 7.800 en 2024, la mayoría de ellas menores de edad, lo que ejerce presión sobre los servicios públicos.

Países Bajos

El malogrado Gobierno de coalición derechas holandés prometió hace un año un paquete de reformas en el sistema del asilo para limitar la entrada de refugiados, aumentar las expulsiones y solicitar una cláusula de exclusión de la legislación migratoria europea. El programa subrayaba que la inmigración es «el principal factor» detrás del crecimiento de la población en Países Bajos y los cambios demográficos «ejercen una enorme presión sobre el mercado inmobiliario, la atención médica y la educación, además

de influir en la cohesión social y la seguridad» nacional. En el documento, la coalición, que incluía hasta esta semana al partido

de ultraderecha PVV de Geert Wilders, hablaba de la adopción de «los primeros pasos hacia el régimen de asilo más estricto jamás implementado» en el país.

El objetivo era «reducir la entrada de solicitantes de asilo» y convertir Países Bajos en uno de los Estados «con las reglas de admisión más estrictas» de la Unión Europea.

Suecia

La coalición de centro derecha que gobierna Suecia llegó al poder en 2022 con el apoyo parlamentario por primera vez de la ultraderecha. El pacto firmado incluía 33 puntos para endurecer las leyes de inmigración y asilo.

Entre las normas adoptadas se encuentran medidas para dificultar el acceso de los migrantes no europeos a ayudas y subsidios o la obligación de los funcionarios, médicos y profesores incluidos, de denunciar a los inmigrantes sin papeles que se encuentren en el ejercicio de sus funciones.