Fuego amigo contra la nueva política de asilo de Biden

Llegó el final de la noche del 11 de mayo, pero no hubo la anticipada ‘horda’ de migrantes desesperados que en masa iban a intentar ingresar irregularmente a Estados Unidos o abarrotar la valla fronteriza con México en súplica de una oportunidad de asilo. Por supuesto, entre el silencio y el frío de la madrugada sí se vio concentración de familias migrantes a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera blindada. Las imágenes de patrullas, buses blancos sin identificar y campamentos improvisados con centenares de personas en algunas partes específicas de esa divisoria hicieron parte de la fotografía. Pero el escenario general no fue tan apocalíptico como hubieran querido críticos a la Administración Biden, al menos en las primeras horas de expiración del Título 42.

Del lado mexicano, las autoridades calculan que a lo largo de la frontera han podido identificar a unos 60.000 migrantes que estarían esperando para cruzar hacia Estados Unidos. No todos al tiempo ni todos de la misma manera. Eso es precisamente lo que hará la diferencia entre la “caótica situación temporal” que describió el mandatario estadounidense que podría ocurrir, o el procesamiento ordenado que esperan los funcionarios de inmigración.

Los más fatalistas apuntaban a que la frontera se desbordaría con más de 150.000 personas intentando entrar por la fuerza antes de la anunciada caducidad del Título 42. Y aunque hubo entre martes y miércoles un aumento exponencial de las aprehensiones por esos cruces ilegales, particularmente desde Ciudad Juárez, en México, parece que el despliegue por estos días de un total de 24.000 agentes fronterizos sirvió como disuasor de esa ‘horda’.

La historia no está escrita sobre mármol. Falta por verse si pasado el fin de semana los miles de venezolanos, colombianos, haitianos y centroamericanos que se agrupan dentro de las principales nacionalidades que hoy llegan a esa frontera, decidirán -como han recomendado las autoridades- avanzar sus procesos de solicitud de asilo a la distancia.

La caducidad de la conocida política migratoria del Título 42 tuvo un recorrido escabroso. En principio se puso en marcha en marzo de 2020 ante la pandemia de coronavirus, en el contexto de la entonces emergencia sanitaria declarada por el gobierno de Donald Trump. En la práctica sirvió también para controlar la entrada de migrantes al país y su aplicación durante tres años derivó en más de 2,8 millones de expulsiones, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU (DHS, por sus siglas en inglés).

Desde que el demócrata Joe Biden llegó a la Casa Blanca y anunció sus intenciones de terminar con el Título 42, al menos dos prórrogas legales se lo habían impedido.

Ahora, la Administración estadounidense endureció más esos controles migratorios. El jueves por la noche entró en vigor una norma que califica como "no aptos" para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos. De hecho, en preparación ante un posible incremento de llegadas, días previos al fin del Título 42 la Casa Blanca había puesto más vuelos de deportación a países de América Latina, además de anunciar un incremento de las expulsiones rápidas en la frontera.

México -el vecino que suele quejarse de llevar la peor parte en el asunto- se ha comprometido a recibir hasta 30 mil migrantes cada mes de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba.

A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Según las autoridades, se ofrecerán unas mil citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento, una cifra que, según funcionarios públicos, se espera que pueda incrementarse "dependiendo de la capacidad" de los trabajadores del servicio de migración.

Pero varios migrantes ubicados en un campamento al aire libre junto al puente fronterizo que separa a Ciudad Juárez de El Paso, en Texas, contaron a las agencias internacionales presentes en el sitio que la aplicación administrada por Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no funciona correctamente y/o que es muy lenta, y mientras tanto, dicen, deben aguantarse en el frío del desierto.

Además, CBP One también ha sido cuestionada en los tribunales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) presentó una demanda diciendo que la herramienta solo incumple los estándares legales de petición de asilo del país. Aseguran que “prohíbe para cualquiera que haya transitado por otros países en su camino a Estados Unidos, a excepción de los pocos que pueden lograr una cita para presentarse en persona”.

Del lado estadounidense de la frontera, para muchos, las cosas no van a ser necesariamente mejores. En las últimas horas un juez federal de Florida bloqueó -en principio por dos semanas- la decisión del Gobierno de liberar a ciertos inmigrantes de la custodia de la Patrulla Fronteriza sin una cita para presentarse en corte, una medida con la que la Administración Biden buscaba aliviar el volumen rebasado en centros de procesamiento a lo largo de la frontera.

Estos centros están rebasados y a máxima capacidad. Los migrantes que esperan en ellos se debaten entre ingresar al anonimato y conseguir un trabajo en el sector de servicios. La parte trasera de una cocina o la limpieza de casas dispuestas a contratarlos, son opciones que hoy ven tentadoras ante otra realidad que podría poner en jaque sus esfuerzos: la deportación por haber entrado irregularmente. Y esa posibilidad no es una amenaza vacía. Horas antes el fin del Título 42, el subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto dijo a la cadena internacional NTN24 que existe un riesgo real de expulsión para esas personas, incluso si voluntariamente deciden presentarse ante las autoridades en un intento de solucionar sus casos.

El endurecimiento de esas medidas ha despertado rechazo entre los mismos demócratas. Este viernes un grupo de trece legisladores del ala más izquierdista del partido, entre los que se encuentran la congresista por Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez, o incluso voces de mayor peso como la del líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, han enviado una carta al presidente pidiendo alterar una prohibición que impide a los solicitantes de asilo pedir trabajo en el país hasta que hayan cumplido 182 días -Es decir, seis meses- en territorio estadounidense. Los legisladores esperan que la Administración facilite la libertad condicional para que estas personas puedan trabajar en las ciudades que así lo permitan. De esta manera, pretenden aliviar el trabajo de centros y refugios particularmente en esas ciudades fronterizas.

Todo esto mientras Biden intenta que la crisis en la frontera no se convierta en una tormenta política de cara a las elecciones de 2024 que deba apaciguar. Este tema se anticipa crucial en la carrera. La oposición republicana que domina la Cámara Baja pasó un duro plan migratorio que se lee sin futuro en el Senado, donde los demócratas tienen control. Y así, entre leyes y anuncios, los migrantes seguirán llegando hasta que no haya una solución estructural.