La gran claudicación de Bruselas con el Pacto Verde: frena en seco su ley estrella para salvar a las empresas

El Pacto Verde Europeo, la gran bandera medioambiental de Bruselas, se topa de nuevo con la cruda realidad económica. La ambiciosa agenda climática de la Unión, diseñada para liderar la transición ecológica a nivel mundial, parece estar modulando su ritmo ante el creciente malestar del sector productivo. Se trata de un delicado reajuste estratégico para evitar que las exigentes normativas ahoguen la competitividad de las empresas del continente en un escenario global cada vez más complejo.

En este pulso entre ecología y economía, la última pieza en juego es una de sus normativas estrella: la ley contra la deforestación. Esta legislación, de gran calado, prohíbe importar al mercado comunitario productos tan cotidianos como el cacao, el café, la soja o el aceite de palma si proceden de tierras que han sido deforestadas después de 2020. Un objetivo loable sobre el papel que, sin embargo, ha chocado de frente con la viabilidad de su aplicación.

De hecho, el principal escollo reside en la enorme carga burocrática que la ley impone. La industria agroalimentaria y varios países miembros han criticado duramente los complejos requisitos de trazabilidad, que obligan a seguir el rastro de cada producto hasta su origen, un proceso que para muchos operadores, especialmente los más pequeños, resulta inasumible por su coste y dificultad. Ante esta presión la Comisión busca un nuevo aplazamiento de seis meses para su entrada en vigor.

Un nuevo aplazamiento sobre la mesa

Así pues, la propuesta de Bruselas llega cuando la normativa ya había sido pospuesta un año, hasta finales de 2025. Este nuevo retraso, más comedido, daría un margen de tiempo adicional a las empresas para adaptarse. Si la medida prospera, las medianas y grandes compañías tendrían como nueva fecha límite el 30 de junio de 2026 para cumplir con todas las exigencias de la ley.

Por tanto, esta flexibilización no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia más amplia dentro de las instituciones comunitarias. Bruselas parece más dispuesta a escuchar las quejas del tejido productivo y a buscar un nuevo equilibrio que permita avanzar en los objetivos medioambientales sin por ello sacrificar o proteger la actividad económica de la Unión. La tensión entre la agenda verde y la economía real fuerza a la Comisión a recalibrar sus planes.