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Guatemala acude a las urnas “herida” por la violencia y la corrupción

La ex esposa del ex presidente Álvaro Colón parte como favorita frente a la derecha

  • La candidata a la presidencia de Guatemala Sandra Torres
    La candidata a la presidencia de Guatemala Sandra Torres /

    EFE

Tiempo de lectura 8 min.

13 de junio de 2019. 20:19h

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Ángel Sastre 13/6/2019

La historia se repite en Guatemala, una nación que no aprende de sus errores del pasado y recurre desespera a fórmulas fallidas. Con candidatos que oscilan entre el populismo y la derecha militar. Un país donde la buena parte de sus presidentes se encuentran presos o en proceso de investigación. “La venas siguen abiertas” y la guerra civil continúa marcando el presente.

Más de ocho millones de guatemaltecos votan el domingo en las elecciones generales con la esperanza de salir del marasmo de la corrupción, la violencia y la galopante pobreza que impulsan la masiva emigración hacia Estados Unidos.

El combate contra la pobreza y la violencia criminal dominan la oferta de los 19 candidatos que buscan suceder al presidente Jimmy Morales, un ex comediante de televisión que ganó en 2015 tras la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina cuatro meses antes de culminar su mandato por cargos de corrupción y en medio de masivas protestas. Paradójicamente Molina, un ex militar perteneciente a la tropa de Elite los Kaibiles, y quien entró prometiendo “mano dura”, acabó sucumbiendo a los “cantos de sirena” de la corrupción.

Morales no es una excepción y concluye su mandato de cuatro años con la popularidad por los suelos y con el pedido de la fiscalía de investigarlo por corrupción. Ninguno de los candidatos aparece en las encuestas con posibilidades de ganar en la primera vuelta, por lo que se augura un balotaje –segunda vuelta- en agosto.

La favorita es la socialdemócrata Sandra Torres, ex esposa del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para poder postularse a la primera magistratura. Una estrategia que roza la ilegalidad. El gobierno de Colom no estuvo libre de sospechas, incluso llegaron a encontrarse micrófonos en su despacho. Supuestamente los propios servicios secretos le vigilaban y vendían esta información a los narcos, aunque también hubo investigaciones que apuntaban a que el propio Colón recibió dinero de los cárteles para financiar su campaña.

Le sigue el derechista Alejandro Giammattei, quien se postula por cuarta vez, aunque algunas proyecciones ubican a Roberto Arzú, hijo del fallecido ex presidente Álvaro Arzú (1996-2000), como un posible segundo lugar en su primera incursión para alcanzar la presidencia.

En Guatemala está prohibida la reelección presidencial. Por otro lado, el proceso electoral estuvo marcado por la exclusión de la ex fiscal general Thelma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, que fue marginada del proceso por decisiones judiciales ante denuncias de irregularidades en su contra cuando era jefa del Ministerio Público (2014-2018). Una medida que demuestra hasta que punto el narco se ha “carcomido la espina dorsal” de Guatemala, una país varias veces definido como fallido.

La justicia dejó asimismo fuera de la contienda a Zury Ríos, hija del fallecido ex dictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de Estado.

Violencia extrema

En una clara señal del clima de violencia y corrupción en Guatemala, el fiscal de delitos electorales Óscar Schaad dejó el país tras sufrir amenazas, anunció la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras. Lo mismo le ocurrió a Thelma Aldana, que enfrentada a amenazas de muerte, se asiló primero en El Salvador y luego en Estados Unidos, donde permanece.

Según la Alianza por las Reformas, que agrupa a unas 40 organizaciones civiles, la exclusión de Aldana es "una clara represalia por las investigaciones que la ex fiscal realizó contra el presidente (Morales), su familia y miembros de su partido político por actos de corrupción".

Pero esas esperanzas se ven menguadas pues la Cicig- La Comisión Internacional contra la Impunidad-, terminará sus funciones en septiembre debido a que Morales incumplió la promesa de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña. Aunque algunos candidatos con pocas opciones impulsan la permanencia de la Cicig, los aspirantes con posibilidades han descartado su continuidad.

La candidata indígena maya-mam Thelma Cabrera, que figura entre los cinco primeros según los sondeos, aseguró días atrás que Guatemala necesita una reforma estructural urgente con cambios constitucionales para cambiar lo que llamó un "Estado podrido".

En ese marco de corrupción endémica, un 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos vive en la pobreza, pese a que Guatemala cerró 2018 con un crecimiento de 3,1% y espera crecer 3,4% este año, según el Ministerio de Finanzas, que ubica en más 75.000 millones de dólares el PIB del país.

En cuanto a la violencia el Gobierno de Guatemala informó que en el 2018 se registró una importante baja en la tasa de muertes violentas en el territorio nacional. Según los datos que están consignados en el informe del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), durante los 12 meses de 2018 hubo 3.881 homicidios, en tanto que en 2017 la cifra fue de 4.410, es decir que 529 guatemaltecos no perecieron por causa de la violencia, lo que representó un descenso de 12 por ciento en el número de muertes por violencia en el año.

Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) registra solamente los casos que se dan en la escena del crimen, pero no da seguimiento a los heridos que fallecen por sucesos violentos. Los datos, en relación a la escasa población, siguen siendo de los más elevados del planeta junto al Salvador y Honduras. Las guerra de pandillas, concretamente entre la Salvatrucha y la 18 sigue causando estragos, incluido en las cárceles, verdaderos “infiernos”. La policía, convertida en justicieros paramilitares, no ayuda a paliar la situación.

Heridas sin cerrar y huesos

José Suasnavar, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) separa un cráneo con delicadeza, es uno de los responsables de las exhumaciones que se llevan a cabo en el cementerio La Verbena de Guatemala. Se introduce a 100 metros de profundidad para extraer los restos. Lo extrae y limpia minuciosamente, pareciera que hablase con ellos. “ Es fundamental que hallemos los huesos, son las pruebas de que ocurrieron las atrocidades, que hubo fosas comunes y pueden ser utilizadas en juicios por eso mi equipo ha sido amenazado en varias ocasiones”.

En el centro de la ciudad en la Plaza de Armas nos esperan los hermanos Raúl Gómez Hernández quienes escaparon a una las peores matanzas, la acontecida en la aldea Dos Erres en la selva del Petén donde los Kaibiles, la Tropa de Elite guatemalteca, exterminó a 300 campesinos. Raúl el mayor de ellos, narra la pesadilla :” Desde los arbustos escondidos, veíamos como iban matando uno a uno a nuestros familiares, los ponían en fila y según se acercaban al foso, los asesinaban con un machete y caían uno sobre otro”

La guerra civil dejó más de 200.000 muertos-desaparecidos en Guatemala durante los 80, un genocidio que acabó con buena parte de los indígenas de etnia Mayas del norte del país y que recién se está empezando a investigar. La mayoría de los juicios continua estancado, tan solo hay un “puñado de militares de menos grado” presos. De hecho el dictador Ríos Montts murió postrado en cama. El nuevo presidente, sea quien sea, tendrá grandes retos por delante la mayoría de este presente herencia del pasado que sigue enterrado.

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