«A Milei le gustaría ver un paro general para presentar a sindicatos y organizaciones sociales como parte de “la casta”»

Casi nadie supo con certeza qué Javier Milei asumiría la presidencia de Argentina. ¿Lo haría el excéntrico tertuliano de televisión que nunca escatimó en descalificaciones hacia «la casta»? ¿El economista ultraliberal que prometía dolarizar el país y eliminar en tiempo récord el Banco Central? ¿O acaso esa síntesis suavizada por el macrismo que lució en las últimas semanas de campaña? No ha hecho falta esperar demasiado tiempo para responder la pregunta. En cuestión de un mes, Milei ha sacado adelante su plan de choque en forma de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU, por sus siglas), que desmonta las estructuras económicas del Estado, además de una ley ómnibus con otras 664 medidas que reman en la misma dirección. Empezarán a regir al menos hasta que las dos Cámaras del poder legislativo expresen su rechazo. El analista político Ignacio Labaqui analiza en conversación con LA RAZÓN los primeros pasos de la era Milei.

Javier Milei ha enviado al Congreso un proyecto de ley con un total de 664 artículos cuyo preámbulo declara oficialmente la «emergencia pública». Afecta prácticamente a todas las ramas del Estado. ¿Cuáles son, a su juicio, los aspectos más delicados?

El aspecto fundamental es pedir una delegación de facultades muy amplia por un periodo de dos años que es autoprorrogable por otros dos años. Está pidiendo al Congreso que delegue una cantidad innumerable de facultades, que son atribuciones del poder legislativo, por todo el periodo presidencial. Y mencionaría también el hecho de que uno de los artículos ratifique directamente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado la pasada semana, que tiene que seguir otro procedimiento que está reglado por una ley que trata justamente sobre cómo debe proceder el Congreso sobre los DNU. Las limitaciones al derecho de reunión también me parecen bastante controvertidas, solo por mencionar algunos aspectos. En general, diría que lo más polémico es pedirle al Congreso que renuncie prácticamente a todas sus atribuciones y se las dé al presidente por un periodo de cuatro años. A un presidente que en primera vuelta obtuvo solamente un 30% de los votos y que apenas tiene un 10% de bancas del Senado y un 15% de las bancas de la Cámara de Diputados.

La ley ómnibus, como explica, supone transferir al poder ejecutivo amplias facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria e incluso electoral, con la eliminación de las PASO. Sería gobernar por encima del poder legislativo. ¿Es esto constitucional?

Sí, está contemplada por el artículo 76 de la Constitución. Pero antes tiene que ser aprobada por el Congreso. El Gobierno de Alberto Fernández también comenzó con una amplia –aunque no tan amplia– delegación de facultades, con una ley declarando la emergencia. Milei está copiando las mismas prácticas que ha llevado a cabo el peronismo. Ocurrió cuando llegó al poder Carlos Menem, que obtuvo del Congreso las leyes de reforma del Estado y emergencia económica; cuando llegó al poder Eduardo Duhalde en 2002, quien también declaró la emergencia económica, con la cual gobernó el propio Duhalde y los gobiernos Kirchner. Y Alberto Fernández, que gobernó en base a un decreto de urgencia y a una ley que le dio una extensa delegación de poderes. El caso de Milei, sin embargo, es un poco más extremo.

Una de las cláusulas más polémicas, como dice, es la relativa a las concentraciones. El texto señala que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. ¿Cómo valora este punto? ¿Cuenta con suficiente respaldo popular?

La Constitución dice que todos los habitantes de la República de Argentina gozan de una serie de derechos, entre los cuales está incluido el derecho de reunión, pero que todos estos derechos están reglados por ley. Ahora, una reglamentación tan severa que habla del derecho a reunión de tres personas como la que señala el proyecto de ley que envió el presidente casi como que equivale a declarar el estado de sitio. La cuestión del apoyo popular me parece secundaria. Es evidente que hay un hartazgo en buena parte de la ciudadanía con los cortes de calles, por ejemplo, o con los bloqueos a fábricas y este tipo de medidas de fuerza que están castigadas en el Código Penal. En todo caso, la duda es si es constitucional limitar el derecho de reunión de una forma tan severa, más allá de si tiene o no tiene apoyo popular.

Los sindicatos y las organizaciones sociales habían amenazado con convocar una huelga general y así lo ha hecho al menos la Confederación General del Trabajo (GGT), el sindicato más importante del país. ¿Cuáles cree que podrían ser las consecuencias?

Vamos a ver bastantes protestas sociales frente al decreto y frente a la ley. Pero no pondría en pie de igualdad a los sindicatos y a las organizaciones sociales. Los sindicatos no son un bloque monolítico, y van a evaluar el terreno. De todas formas, se exponen a una crítica importante, porque ha habido un importante deterioro del poder adquisitivo del salario y un estancamiento del empleo privado formal en los últimos 12 años, que se ha agravado en los últimos cuatro. Y entonces la crítica es: «¿y qué hicieron los sindicatos mientras gobernaba Alberto Fernández y la inflación se aceleraba y el poder de compra del salario se destruía? ¿Por qué no reaccionaron antes? ¿Por qué apoyaron al candidato de Unión por la Patria [Sergio Massa], que era el ministro de Economía y que vio cómo la inflación se iba de 70% anual a casi el 200% anual?». Por eso los sindicatos van a medir bien sus acciones. No son, como digo, un bloque monolítico. Y las organizaciones sociales tampoco. Una cosa es el poder de movilización y otra cuestión distinta es la popularidad. Los sindicatos y las organizaciones sociales tienen mucho poder de movilización, pero eso no se refleja en votos, si no Juan Grabois habría sido el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) y habría muchos más diputados de extracción sindical dentro de UxP. Todavía no estamos ante un fenómeno que pueda tener tan graves consecuencias. Es más, a Milei le gustaría ver un paro general para poder presentar a organizaciones sociales y sindicatos como parte de «la casta» y seguir recostándose en buena parte de la opinión pública, es decir, en ese electorado que lo votó no ya en primera sino en segunda vuelta.