Le Pen y los socialistas sentencian a Bayrou y su plan de recortes

El milagro no se ha producido. Con esa frase lacónica pronunciada por Jordan Bardella, presidente del Reagrupamiento Nacional, a su salida del palacio de Matignon se enterraban definitivamente las pocas esperanzas que aún le quedaban al primer ministro, François Bayrou, de seguir en el cargo. El gobierno caerá el próximo lunes 8 de septiembre mediante una moción de confianza presentada por él mismo en lo que parecía una jugada política arriesgada que pretendía adelantarse al calendario de movilizaciones sociales que se anuncian en Francia y a las más que probables mociones de censura por sus draconianos presupuestos que le hubiesen derrocado en unos días postergando una muerte anunciada. La propia Le Pen, tras la reunión con Bayrou ayer, indicaba su camino deseado: «Una disolución ultrarrápida de la Asamblea Nacional» para que se celebren nuevas elecciones legislativas en momentos en que los sondeos impulsan a su formación que obtendría un 32% de intención de voto en la primera vuelta mientras la izquierda y el centro se enzarzan en líos internos. Y todo pese a las condenas y escándalos que han afectado a la formación lepenista en los últimos meses, incluída la inhabilitación política a Le Pen que dictó un tribunal francés el pasado mes de marzo por el caso de malversación de fondos europeos. Del recurso a ese fallo, que se conocerá en verano de 2026, dependerá que la líder del RN pueda presentarse a las presidenciales de 2027.

Con las negativas del PS y de la ultraderecha a votar a favor de la moción de confianza, y si no hay milagro negociador que las cambie a última hora, el gobierno caerá el lunes y al pelota pasará al Elíseo donde Macron tendrá que optar por un recambio o una repetición electoral. El presidente francés ya ha descartado dimitir, como exige la izquierda y derecha radical. Ninguna de las dos opciones tienen asegurada la estabilidad. Sin descartar la segunda, Macron se inclina por la primera. Varios nombres suenan ya como reemplazo del todavía primer ministro y ,a diferencia de las veces anteriores, sí que hay cierto consenso en que ese nombre podría salir del espectro socialdemócrata. Varios medios franceses apuntan la figura del actual ministro de Economía, Eric Lombard, por sus buenas relaciones con los dirigentes del partido socialista, algo que sería crucial para poder sacar adelante los presupuestos de 2026. El PS ha presentado un plan de recortes alternativo de 21.700 millones de euros, la mitad de lo que pretende Bayrou.

Pero por si esta situación de inestabilidad política para iniciar el curso fuera poco, varias convocatorias de distinta naturaleza prometen paralizar Francia en los próximos días en protesta por el plan de recortes. El miércoles 10, dos días después de que Francia pueda quedar sin gobierno, el movimiento «Bloquons tout» (bloqueemos todo) pretende canalizar el descontento con diversas acciones. Se trata de una iniciativa surgida en redes sociales a la que se ha sumado la izquierda radical y una parte de los sindicatos.

Otra parte de la izquierda y el grueso sindicalista, ante las dudas que suscita este movimiento, han preferido optar por hacer una convocatoria propia el 18 de septiembre. Además, entre ambas fechas, varios paros sectoriales afectarán a hospitales, controladores aéreos o taxistas. Un otoño caliente ante el que los poderes económicos ya expresan sus temores. El presidente de la patronal Movimiento de las Empresas de Francia, Patrick Martin, ha señalado que «añadir caos al caos no arreglará nada».

La otra alternativa al reemplazo de primer ministro sería la de una nueva disolución de la Asamblea Nacional y una nueva convocatoria de legislativas. El riesgo es que todo siga igual, como proyectan algunos analistas en demoscopia. Es decir, un hemiciclo partido en tres bloques irreconciliables.

El plan Bayrou, presentado a mediados de julio y del que se deriva esta nueva situación, sugiere un año en blanco en el que se congelará el gasto, con recortes de 44.000 millones de euros y de 3.000 puestos de trabajo de funcionarios públicos. La medida más impopular es la de suprimir dos días festivos del calendario: el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, cuando se conmemora el fin de la II Guerra Mundial. El objetivo de los recortes es reconducir la deuda que alcanza ya los 3,3 billones de euros, y el déficit de 5,4% del PIB. Una cifra lejos del 3% que marca Bruselas.