Uganda y Estados Unidos firman una acogida temporal de migrantes rechazados

Uganda anunció este jueves la firma de un acuerdo con Estados Unidos para aceptar la acogida temporal de nacionales de terceros países a quienes se les ha negado asilo en territorio estadounidense. La medida fue anunciada en X por el secretario de Asuntos Exteriores ugandés, Bagiire Vincent Waiswa, y se enmarca en un programa de cooperación bilateral tras días de mensajes contradictorios desde Kampala. Por petición del lado ugandés, este nuevo acuerdo excluirá a personas con antecedentes penales y a menores no acompañados, y privilegiará a migrantes de nacionalidad africana.

El gobierno ugandés presentó el pacto como un acuerdo de cooperación en “el examen de solicitudes de protección”. En su cuenta de X, Waiswa recalcó que “se trata de un acuerdo temporal con condiciones que incluyen la no aceptación de personas con antecedentes penales ni de menores no acompañados”, y añadió que las modalidades de implementación aún se discuten con Washington. La embajada estadounidense en Kampala evitó dar detalles por la naturaleza diplomática de las conversaciones, pero remarcó que el acuerdo se sitúa dentro de la política de “mantener a los estadounidenses seguros”.

En paralelo, en Washington se informó de una conversación telefónica entre el secretario de Estado y el presidente Yoweri Museveni, en la que abordaron asuntos como la migración, el comercio recíproco y posibles vínculos económicos. Tras la llamada, el Departamento de Estado agradeció en un comunicado a Uganda su rol como “modelo de estabilidad regional” y sus contribuciones al mantenimiento de la paz en África Oriental.

El viraje en el discurso de Kampala ha sido la mayor sorpresa en este proceso. Apenas un día antes de la confirmación del acuerdo, el ministro ugandés de Estado de Asuntos Exteriores, Henry Okello Oryem, desestimó su existencia, alegando una falta de infraestructura para acoger a migrantes procedentes de EE.UU. Pero Oryem sí que admitió negociaciones sobre visas, aranceles, sanciones y otras cuestiones de tipo bilateral, y ya dejó caer que Uganda nunca aceptaría personas asociadas con cárteles u organizaciones criminales.

A falta de posibles detalles ofrecidos por cualquiera de las partes, todavía persisten varias incertidumbres: quién asumiría los costes de traslado, el alojamiento e integración de los deportados, qué estatus jurídico tendrían durante su estancia en Uganda, cuánto tiempo duraría esa reubicación “temporal”, qué contrapartidas concretas recibiría Kampala…. Las autoridades ugandesas tampoco han especificado si habrá evaluaciones “caso por caso”, ni cómo encajará el esquema con la infraestructura existente para refugiados y solicitantes de asilo.

Reacciones y controversia

Como era de esperar, el acuerdo generó críticas inmediatas a múltiples niveles. El parlamentario opositor Muwada Nkunyingi indicó que la decisión podría legitimar internacionalmente al gobierno de Museveni de cara a las elecciones de 2026. Instó a Washington a no pasar por alto “cuestiones de derechos humanos y gobernanza” que son el día a día en Uganda (el actual presidente gobierna desde 1986). Por su parte, el abogado y activista Nicholas Opio llegó a comparar el esquema con “trata de personas”, al considerar que convierte a seres humanos en piezas de intercambio político mientras su condición jurídica queda en un limbo: “¿Son refugiados o prisioneros?”.

También permanece la duda sobre la capacidad real de Uganda de absorber a más refugiados. El país es uno de los mayores receptores de población desplazada en el continente africano, con casi 1,74 millones de refugiados y solicitantes de asilo, según datos de Naciones Unidas, principalmente venidos de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Sudán. El sistema de asilo ugandés enfrenta por igual presiones crónicas de financiamiento, vivienda, servicios básicos y acceso al empleo. Estos retos que podrían agravarse si el flujo desde EE. UU. se concreta sin recursos adicionales o un marco operativo claro.

Desde el punto de vista de los estadounidenses, el entendimiento con Kampala debe leerse en una estrategia que busca disuadir la migración irregular y externalizar parte de la gestión de solicitantes de asilo, apoyándose en la conocida figura del “tercer país seguro”. En meses recientes ya se han registrado deportaciones a Esuatini y Sudán del Sur de personas con condenas penales. Se han sucedido en estos países reportes de confinamiento en aislamiento mientras se tramitaban reenvíos a países de origen. Sin garantías robustas, las voces críticas afirman que los migrantes corren el riesgo de quedar atrapados en procesos administrativos, con las consiguientes limitaciones de movilidad y un acceso inexistente a asistencia legal.

Contexto regional y precedentes

Uganda ha construido durante años una imagen que se presenta como un ancla de estabilidad en África Oriental. Por ejemplo, ha sido un actor clave en misiones de “mantenimiento de la paz” en RDC y Sudán del Sur. Para Washington, diversificar sus alianzas de reubicación fuera de Latinoamérica y contar con socios en África responde a su lógica de contención y procesamiento extraterritorial. Para Kampala, la cooperación puede traducirse en dividendos diplomáticos y, eventualmente, en apoyos económicos que lleven a aliviar algunas presiones internacionales.

El éxito o fracaso del acuerdo dependerá de que cuente con mecanismos precisos. La insistencia oficial en el carácter “temporal” deberá traducirse en tiempos definidos y rutas claras: retorno seguro al país de origen cuando sea posible, reinstalación en un tercer país o, en casos excepcionales, protección en Uganda bajo estándares reconocidos. Sin esos elementos, el riesgo nace al institucionalizar una zona gris que prolongue la vulnerabilidad de las personas trasladadas.

El anuncio marca en definitiva un hito delicado en la política migratoria internacional: Uganda es a la vez país de acogida y socio estratégico de Estados Unidos, y ensaya un arreglo que podría redefinir (para bien o para mal) los sistemas de protección de personas migrantes. Su legitimidad dependerá de que los principios invocados se conviertan en garantías observables y no en cláusulas teóricas de un acuerdo firmado a la sombra.