Alertan de la «colonización» de la función pública en la Junta

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado alegaciones a las enmiendas que los Grupos Parlamentarios de IULV-CA y de Ciudadanos (C’s) formularon a su vez a la Proposición de Ley del PSOE-A para modificar la Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública de Andalucía, que pretende reconocer la antigüedad a los interinos. Un conjunto, norma y adendas, con el que se busca «dominar las estructuras de la Administración de la Junta mediante la colonización de su función pública», advierten corto, rápido y conciso.

Fuentes del sindicato explican que en concreto con las enmiendas de IU y C’s se propone que «se tengan en cuenta todos los servicios prestados en la Administración en base a la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de trabajos previos». «Es decir –traducen desde el SAF–, que para estos dos partidos se deben valorar por igual los servicios del personal laboral –que en teoría no puede desempeñar potestades públicas– y los de los funcionarios. Y ello, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dejado claro en varias sentencias que la Ley 70/1978 sólo se refiere a efectos económicos y no administrativos», recuerdan.

Los «grandes beneficiados» de lo que la organización sindical considera una «tropelía» serían quienes han operado en «empresas, fundaciones y demás ‘chiringuitos’, en las auténticas agencias de colocación del partido que sustenta al Gobierno andaluz –el PSOE–», ya que si algún día llegan a adquirir la condición de funcionario, «serán premiados en los concursos de méritos y promociones internas, pues les serán reconocidos los servicios prestados fuera del ámbito del derecho administrativo». Para el SAF, las modificaciones propuestas vía enmienda, supondrían «la desprofesionalización del sector público» andaluz y beneficiarían de forma «escandalosa» a los trabajadores laborales pertenecientes a la denominada «Administración paralela» de la Junta y a los de la Administración General –unas 50.000 personas entre ambos colectivos, según los datos que maneja el sindicato–», en detrimento del «cada vez más mermado personal funcionario de la Administración Genera –22.000–». Se trata, a su juicio, de «consagrar normativamente el otorgamiento de una serie de ventajas» a un colectivo que, «aunque heterogéneo en su composición», comparte «el común elemento» de «haber sido reiterada, sucesiva e injustamente beneficiado por la actuación» de los sucesivos ejecutivos autonómicos socialistas. En resumen, el SAF avisa de que lo que se pretende ahora son fundamentalmente tres cuestiones: «La consolidación de un estatus al que se ha accedido de manera injusta y desigual, al margen de principios constitucionales; la concesión de una posición ventajosa a dicho colectivo de cara a futuros procesos de promoción o provisión de puestos; así como la habilitación de un instrumento jurídico y la creación de unas condiciones objetivas para la futura legitimación y consolidación» de la polémica «Administración paralela».