Administración Pública

Amaya aglutina casi el 20% de encomiendas de la Junta pese al aviso de la Cámara de Cuentas

El consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal
El consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscallarazon

La agencia de Medio Ambiente suma más de 17,7 millones en encargos y deja a la Administración general «vacía de contenido»

La encomienda de gestión es una técnica administrativa para la traslación del aspecto material de una potestad a un órgano distinto del encomendante. A pregunta sobre la utilización de este recurso en favor de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), formulada por el Grupo parlamentario Popular, el consejero del ramo remite al Portal de la Transparencia. La búsqueda en el mismo revela hasta más de una veintena de contratos de este tipo desde el pasado ejercicio por un montante de más de 17,7 millones. De las 155 encomiendas de gestión que recoge el Portal de la Transparencia hasta este abril, por un montante cercano a los 100 millones de euros, las de Amaya, agencia de la llamada administración paralela y que ya fueron puestas en entredicho por la Cámara de Cuentas, suponen el 17,7% de las mismas en lo que a la cuantía se refiere y el 13% en relación al número de encomiendas.

Entre otras, se recogen encomiendas de gestión para «la lucha contra la plaga de avispillo del castaño en Málaga» con fecha 27 de agosto de 2015, duración de tres meses, y otra similar con fecha de agosto de 2015 de casi 300.000 euros. Para el Plan Andaluz de Formación Ambiental, se registran casi 60.000 euros. La mejora de equipamientos en Sierra Nevada está dotada con 50.546 euros y hay otro encargo de 25.546 euros. Para la mejora de infraestructuras en Cádiz, 56.270 euros; otra encomienda similar en Jaén suponen 67.524 euros; en Málaga, 56.270 euros; en Granada, el mismo presupuesto; en Almería, las mismas cifras. Aparece otra partida para los vertidos de Arjona (Jaén) de 9.475.870,01 euros. Para el vertedero de Siles (Jaén), 10.736 euros; para el de Cumbres Mayores, 10.715 euros; en el Chaparral (Sevilla), 8.725 euros.

En infraestructuras de presas se destinan casi 375.000 euros. Para la mejora del patrimonio rural en la provincia de Córdoba, 1.030.130,21 euros; para el de Sevilla, 1.275.144,72 euros; para el de Málaga, 756.964,31 euros; en Jaén, más de 466.000 euros; para el de Cádiz, 1.176.151,76 euros. En la agrupación de vertidos de Villanueva del Obispo (Jaén), se invierte algo más de 48.000 euros. En Arjona (Jaén), 9.475.870,01 euros. En la distribución de agua bruta en el distrito hidrográfico mediterráneo, en la provincia de Granada, 2.212.415,89 euros. Para un sistema de información geográfica para la gestión del sistema de explotación del Guadalhorce, casi 160.000 euros. Son sólo las últimas encomiendas que aparecen en el Portal de la Transparencia de un total de subcontrataciones que alcanza un valor de 17.734.516,4 euros.

El PP denunció en comisión parlamentaria «el uso abusivo que los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta han hecho y siguen haciendo de la administración paralela en su gestión diaria, cotidiana, de las diferentes áreas, dejando muchas veces a la propia Administración General de la Junta de Andalucía vacía de contenido y, por tanto, incluso, a los funcionarios sin casi trabajo». El PP reconoce que «muchos de estos entes instrumentales deben existir» teniendo en cuenta «que estamos hablando de un aparato administrativo» con «casi nueve millones de ciudadanos, ocho provincias, 775 municipios» y en el departamento de Medio Ambiente «242 espacios naturales protegidos, más de mil kilómetros de costa, 4,5 millones de hectáreas de superficies forestal...». No obstante, lo populares defienden que la administración paralela debe ser «el apoyo, el sostén de la Administración General de la Junta, nunca su alternativa».

El PP denunció que «el rigor, la transparencia y el control» brillaron «por su ausencia en los últimos años o, por lo menos, desde el inicio de la Agencia Amaya», aludiendo a «las auditorías y, concretamente, la última que ha realizado la Cámara de Cuentas». «Alrededor de 650 trabajadores de la agencia están, actualmente, excluidos de los procesos de promoción y, por tanto, del derecho que tienen a su desarrollo profesional», indicó.

Los populares aludieron a «los operarios del medio natural –más de 300– que se consideran en fraude de ley, porque son temporales» y «son contratos tras contrato que se van prorrogando»; a «indefinidos, con esa categoría inventada de no fijos, más de 250 en el convenio de estructura»; e «indefinidos no fijos discontinuos, 104, en el Infoca». La Cámara de Cuentas señalaba además que «el control interno no es el adecuado» y denunció «el ejercicio de potestades administrativas por parte del personal no funcionario». «No existe relación de puestos de trabajo», recordó el PP al consejero, y «en materia de contabilidad» apuntó al «desfase entre los derechos de cobro de Amaya y los importes que la Junta reconoce o considera pendientes de pago».

«El 70% de estos derechos pendientes de pago son facturas no conformes, no aparecen en el registro de facturas de la Junta, y ascienden a más de 16 millones». En cuanto a «contrataciones y encomiendas, también reconoce un excesivo número de expedientes tramitados como contrato menor», apuntando a «una irregularidad tan grave como la de fraccionar contratos de la Administración pública», vulnerando «los principios de publicidad y concurrencia». «No existe seguimiento presupuestario de las encomiendas», zanjó, apostillando que «el 87,5% de los pagos a proveedores se realiza fuera del plazo legal establecido».

«Todo es mejorable»

El consejero José Fiscal admitió que «todo es mejorable» pero que se cumple la ley «en el tiempo que llevo». Fiscal indicó que «muchas cuestiones apreciadas» en el informe de la Cámara de Cuentas «ya han sido subsanadas», ya que el informe es de 2012. «La digitalización está prácticamente finalizada, añadió. Según el titular del ramo, «que haya trabajadores insatisfechos y cansados no lo niego» pero no son «la mayoría». El PP criticó que con las encomiendas «no hacen más que subcontratar».