Faffe realquiló a Ojeda por el triple de su precio una nave para los cursos

La declaración del ex delegado de Empleo en Cádiz Juan Manuel Bouza –que ha vuelto a su puesto como funcionario en el Ayuntamiento gaditano y acudió a la comisión junto a su abogado, Adolfo Cuéllar, al estar siendo investigado por la Justicia, aunque, finalmente, contestó a casi todas las preguntas– constató que la propia Junta, en principio perjudicada por el fraude en los fondos de formación como corroboran los numerosos expedientes de reintegro abiertos, también participó del negocio de los cursos, lo que la diputada popular Teresa Ruiz Sillero calificó como un «pelotazo».

La Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y la Asociación para la Sociedad de la Innovación (Innova), tres de las empresas del entramado del ex consejero Ángel Ojeda y que habían recibido subvenciones excepcionales de la Junta para la formación de los antiguos trabajadores de Delphi, pagaron a la Faffe 126.437,80 euros anuales, con una mensualidad de 15.804,73 euros, por el subarrendamiento de un tercio de las instalaciones en una nave del polígono Fadricas de San Fernando que a su vez tenía alquilada a la comunidad de bienes González y Mateos por algo menos de 50.000 euros al año más IVA, a razón de 4.164 euros al mes. Es decir, la entidad de la Junta –en los tribunales como pieza separada y de cuyos trabajadores no queda clara su función– cobraba por el 30% de sus instalaciones el triple de su alquiler por toda la nave. Según el PP, «participaba en el fraude de Ojeda inflando las facturas».

Como firmante del convenio en su calidad de presidente del consejo rector del CTI, Bouza, admitió la operación de alquiler de inmuebles de la Junta a los adjudicatarios de los cursos al triple de lo que le costaba a la Administración andaluza. Según el compareciente, esto posibilitó unos ingresos que se destinaron a inversiones en el propio CTI. Ojeda «pagó religiosamente», señaló Bouza. El PP criticó el «pelotazo» de la Junta con la formación a través de un alquiler «desmedido» y apuntó que la Consejería de Empleo concedió «a dedo» ayudas excepcionales a las empresas de Ojeda sin que tuviera las instalaciones necesarias para los cursos. Bouza recordó que como delegado de Empleo no tenía la «graciosa» potestad de dar las ayudas sino que había un procedimiento reglado.

Bouza arrancó la comparecencia asegurando que las plazas de funcionarios estaban ocupadas «al 60%», algo «insuficiente pero que en ningún caso hizo que se dejaran de ejecutar las funciones encomendadas». Pese a las «enormes cargas de trabajo», la «escasa provisión», aunque «el trabajo de cada técnico era una fuente de dificultades» y «tampoco había especial cualificación en departamentos clave», «siempre» actuó «en base a la normativa que regula mis compentencias». Bouza negó que se le condicionara políticamente. «La norma prevé los reintegros. Si ha habido alguna empresa que ha engañado, persígase. No hagan profecías que se autocumplen porque podría ser injusto», dijo.

A preguntas de IU, señaló que «la formación no crea empleo, crea ciudadanos con capacidad para desarrollar un empleo. Cualifica». También dijo no recordar si recibieron instrucciones de los servicios centrales para mejorar el servicio. «Se hizo un trabajo exhaustivo de mejora», indicó, lo que no quita, como indicó la diputada Elena Cortés que «10 años después, la Cámara de Cuentas señaló los mismos problemas». «Hacíamos seguimiento de los cursos, no inspección», añadió. Sobre Delphi, defendió que «no es un tema de formación, era un plan especial de empleo», considerando que «no es objeto de esta comisión». «El plan de Delphi lamentablemente tiene demasiados trabajadores sin trabajo», añadió.

C’s cuestionó si «hay algún desempleado en Cádiz que no haya hecho un curso de peluquería», por la cantidad que se ofertaron. «Una entidad con todo homologado tiene todo el derecho a entrar en concurrencia competitiva», respondió Bouza, asegurando que se hacían «mínimo dos o tres visitas» a cada curso a pesar –añadió después a Podemos– de que «el kilometraje se pagaba al año siguiente, pero había compromiso». Acerca de las subcontrataciones, defendió que «se puede con autorización expresa». Sobre el personal de Faffe, «estaban adheridos» y «con protocolos muy concretos. No podían saltarse nada». Tenían un «trabajo muy medido» y «potestades administrativas, ninguna».

A preguntas del PP, indicó que la Junta «no paga los honorarios» de sus abogados y señaló que con el ex consejero Antonio Fernández «hablaba muchísimo y de todo». Volviendo a Delphi, criticó a «los profetas que ven muy bien lo que ya ha pasado». «En su momento, todo el mundo arrimó el hombro para una situación complicadísima. Todo el mundo apoyó el plan de empleo, que aún tiene un fleco muy desagradable de 400 trabajadores. No se pudo llegar al 100% del objetivo».

Por parte del PSOE, Bustinduy criticó que en la comisión «un día van a preguntar por la crimininalidad de la muerte de Manolete». En el segundo turno, Bouza señaló al PP que no es «amigo de Ángel Ojeda», del que la diputada Ruiz Sillero señaló que «ayer (por el lunes) parecía un hombre de Estado y encima le gana sentencias a la Junta porque no le paga».

El ex delegado de Huelva defiende una «objetividad a prueba de bombas»

El ex delegado de Empleo en Huelva entre 2009 y 2012, Eduardo Manuel Muñoz García, no respondió a preguntas en la comisión, pero leyó su alegato, asegurando que «el objetivo fundamental era servir como lealmente se merecen» los ciudadanos. Muñoz aseguró que «jamás he incumplido la legalidad ni he recibido órdenes para ello». Tampoco «firmó nada que no viniera del interventor». «No se intervino a favor o en contra de ningún expediente concreto», indicó. «Nunca» llegó «a conocer informes» y «se enteró por la prensa. Y después en proceso judicial». Muñoz defendió que en el susodicho informe el interventor analizaba 61 expedientes, «de los que el 62% eran expedientes vivos». El ex delegado defendió «el control financiero permanente» y que el «menoscabo» es un «concepto administrativo de interpretación contradictoria hasta por distintos interventores». Sobre Faffe, indicó que «nunca llegaron a tener potestades administrativas, sólo tareas de apoyo». Su «objetividad» fue «a prueba de bombas», defendió. Al estar inmerso en un proceso judicial se negó a responder, entre otros asuntos, sobre el ex alcalde de Punta Umbría.