Otro ex consejero de Susana Díaz y actual diputado, investigado por prevaricación

Otro ex consejero del Gobierno andaluz durante el mandato de Susana Díaz y actual diputado en el Parlamento andaluz está en el punto de mira judicial. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha incoado diligencias previas contra el ex consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y actual parlamentario andaluz por la provincia de Málaga Luciano Alonso y contra el ex director del Centro Andaluz de Flamenco, Luis Guerrero, actual diputado provincial malagueño.

La sala se declara así competente para investigar a ambos cargos públicos del PSOE, a partir de la querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía, que inició diligencias de investigación en noviembre de 2015 por un presunto delito de prevaricación administrativa como medio de cometer otro de malversación de caudales públicos, ambos con carácter continuado.

En un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, señala que los hechos investigados por la Fiscalía Superior de Andalucía «podrían ser constitutivos de supuestas infracciones penales a delimitar y concretar en el curso de la investigación».

En este sentido, explica la resolución que consta en la documentación que en el mes de julio de 2012, «el querellado Luis Guerrero Jiménez, afiliado al Partido Socialista Obrero Español de Málaga y miembro de su Ejecutiva, cesó del puesto que ocupaba como personal eventual en la Diputación de Málaga, momento en el que el también querellado Luciano Alonso Alonso, en aquel momento consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, decidió nombrarle Director del Centro Andaluz del Flamenco con sede en Jerez de la Frontera a sabiendas de que el designado con carácter eventual en ningún caso iba a desempeñar el cargo designado».

Según la documentación que acompaña a la querella, el entonces consejero realizó el nombramiento de Guerrero hasta en dos ocasiones: la primera mediante una orden con fecha del 1 de agosto de 2012, vigente hasta el 10 de septiembre de 2013, y la segunda desde ese día y hasta el 12 de junio de 2015.

De igual modo, se apunta, que consta en las diligencias practicadas por la Fiscalía que Guerrero «a pesar de su nombramiento como director del Centro Andaluz de Flamenco durante todo este tiempo en ningún momento lo visitó, siendo desconocido de las personas que allí trabajaban».

Dado que los hechos supuestamente cometidos por Alonso lo fueron «en el ejercicio de su cargo», la sala se declara competente para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del caso, «en tanto la persona investigada mantenga su condición de diputado del Parlamento de Andalucía».

Se recuerda, de igual modo que «la decisión de incoar diligencias previas está en función de que una valoración prima facie de lo expuesto en la denuncia o querella permita entender o no que los hechos en ella expuestos tengan, por si mismos, relevancia penal y resulten verosímiles».

Es por ello por lo que incide en la resolución, contra la que cabe recurso de súplica, en que la «verosimilitud» comporta un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad y que por tanto deja intacta la presunción de inocencia, pues únicamente determina que el órgano judicial deba realizar diligencias de investigación que conduzcan a valorar si la conducta descrita deberá ser enjuiciada.

Tras la apertura de diligencias, Guerrero, vía comunicado, aseguró que «se aclarará todo lo relativo a mi contratación como personal eventual de la Consejería de Cultura y Deportes y las tareas asignadas como miembro del equipo del consejero Luciano Alonso, lo cual tiene amparo legal en el artículo 73.2 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público».

En este sentido, aseguró que desarrolló su trabajo «como personal eventual en materia de asesoramiento especial y de confianza en la provincia de Málaga, desde el Centro Andaluz de las Letras (CAL)».

A la situación de Luciano Alonso hay que sumar la del actual consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. El TSJA también ha abierto diligencias para investigar la denuncia dirigida contra él por unos hechos en los que habría participado en su calidad de antiguo vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.