Fernández Carriedo asume como reto reducir los plazos de concesión de las ayudas a la dependencia

El consejero de Empleo y con responsabilidades en Familia e Igualdad de Oportunidades, Carlos Fernández Carriedo, asumió como reto seguir rediciendo los plazos de concesión del derecho al servicio asistencial de Atención a la Dependencia así como prepararse para poder atender a más personas en el futuro.

Así se manifestó en la jornada «La Ley de Dependencia en Castilla y León, una visión de futuro», organizada por la Federación Empresarial regional centrada en esta materia, Acalerte, celebrada en Valladolid y donde aseguró que ser líder y una referencia nacional en dependencia «es un estímulo», sin que ello impida que quede «un largo camino por recorrer».

Fernández Carriedo se refirió al informe nacional de Acalerte que habla de «caos» en cuanto a los servicios sociales en España, dentro de lo cual «Castilla y León ha creado nuevos modelos que son referentes aunque requieren de más financiación teniendo en cuenta además las bajas pensiones de los habitantes de nuestra Comunidad».

En este sentido, el responsable autonómico de Acalerte, Diego Juez, sostuvo que si tanto el Estado como las Comunidades Autónomas dedicaran el 2 por ciento del PIB a la dependencia, «las personas realmente tendrían cubiertos sus derechos adquiridos» en el Estado del Bienestar.

Por otro lado, el consejero recordó que las personas con prestación concedida por el Sistema de Dependencia han pasado de 62.117 de mediados de 2015 a las casi 100.000 de la actualidad, que acumulan más de 135.000 ayudas a día de hoy.

Más de 46.000 plazas

Castilla y León tiene más de 46.000 plazas para mayores, recordó Juez, quien señaló que se trata de un sector que tiene como retos el envejecimiento y la España vaciada, donde se presenta como una fuente de empleo no deslocalizable para jóvenes y mujeres.

El Sistema de Atención a la Dependencia genera en la Región ya más de 30.000 puestos de trabajo directos. Por cada dos usuarios se crea un nuevo empleo, explicó Diego Juez, quien defendió que se cree un Ministerio específico para dependencia, y explicó que la situación a la hora de acceder a una plaza residencial es desigual, con gran ocupación en las ciudades.