Ayuso pide los informes del resto de las regiones para verificar que no hay “discriminación”

La Comunidad de Madrid reclamó a última hora de ayer al Ministerio de Sanidad los informes de valoración de las comunidades que han accedido a la fase 1 de desescalada para comprobar que no se ha producido una situación «discriminatoria» con la región, que muestra su oposición a continuar en la fase 0 al entender que cumple con los baremos exigidos, tal y como recoge Ep.

Así lo indica en una carta la nueva directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, que replica los argumentos del informe técnico remitido por el Ministerio, en el que se fundamenta la negativa a que la autonomía escale a la fase uno, al considerar, por ejemplo, que su capacidad para realizar pruebas PCR está «al límite». Andradas denuncia también que el Ejecutivo regional no tuvo acceso a los informes técnicos antes de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, lo anunciasen en rueda de Prensa.

Además, da por sentado que, ya que el texto de la directora de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, está firmado tres horas después de que la decisión se hiciese pública, ese documento no se pudo tomar en consideración en la valoración previa.

En la misiva remitida al departamento que dirige Salvador Illa, Andradas recalca que la «fiscalización» de los informes de valoración del resto de autonomías resulta «fundamental» para asegurar que durante este proceso se ha respetado «el principio de igualdad y no se han producido situaciones discriminatorias entre las distintas administraciones territoriales» del país.

Además, realiza una serie de alegaciones respecto a varios de los aspectos negativos reseñados por el Gobierno central en su informe, como por ejemplo la falta de detalle a la hora de garantizar el personal necesario de refuerzo al que aludió el Ministerio.

En este sentido, la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, cita como ejemplo el refuerzo de 172 profesionales para los equipos multidisciplinares de epidemiología que se suman a la red actual. Así, tampoco hay que olvidar al cuerpo de inspectores de la Comunidad y los centros de salud pública del Consistorio de la capital.

Respecto a las salvedades de las pruebas PCR, la Consejería de Sanidad replica que la tasa media de Madrid por cada 10.000 habitantes es de 60,37 puntos, casi 20 más que la media nacional (40.75). Además, recalca que Madrid concentra el 21,03 por ciento del total de estas pruebas diagnósticas realizadas en el conjunto del país (dos millones) cuando su población es del 14,7 por ciento sobre el total nacional.

En esta línea, Andradas también ha rebatido las afirmaciones del Ministerio de Sanidad que la Comunidad de Madrid ha utilizado una capacidad de 12.729 pruebas PCR y que puede llegar a las 15.520, pudiendo ampliarse incluso por encima de las 20.000.

Respecto al criterio del Gobierno central, al apreciar que un 20 por ciento de las residencias de Madrid «aún no están cubiertas por los sistemas de coordinación asistencial sanitaria desarrollados durante la epidemia», la directora general de Salud Pública de la Comunidad ha refutado que todas cuentan con supervisión de atención primaria y la cobertura sanitaria en estos centros es del cien por cien.

Con todo ello, la directora general de Salud Pública del Gobierno regional concluye que los argumentos que ha esgrimido Moncloa para frenar el avance de Madrid hacia la nueva normalidad son «ambiguos» y poco concretos.