Ossorio: «Madrid ignorará la parte de la “Ley Celaá” diseñada para perjudicar a la concertada»

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, jamás hubiera pensado que tendría que enfrentarse a una situación como la vivida en los últimos meses por culpa de la pandemia. Recuerda dos momentos especialmente duros: el primero, el 9 de marzo, cuando la presidenta regional y el consejero de Sanidad le comunicaron que había que cesar la educación presencial por el virus. «Pensé en el problema educativo y también en el de conciliación para las familias...Fue muy traumático», dice. El segundo peor momento fue, precisamente, el viernes 13 de marzo. «Nadie nos ayudaba a poner en marcha los menús para niños más necesitados. Recuerdo cruzar el semáforo de la calle Alcalá. No había nadie por la calle, ni siquiera coches. Sentí una enorme soledad y que pasaba algo muy grave. Iba hablando por el móvil con la viceconsejera Rocío Albert para solucionar el problema y, al final, lo conseguimos. Nunca lo olvidaré».

–¿La concertada está a salvo en Madrid?

–Por supuesto que sí. Se ha planteado que no puede participar del fondo de los 2.000 millones para todas las comunidades autónomas vinculados al covid y de los acuerdos con el Gobierno para dar ordenadores a los alumnos con problemas de conexión a internet. Nosotros vamos ayudar a todos los centros educativos, sean de la pública o concertados por los problemas que puede haber el año que viene con la covid. No vamos a dejar abandonadas a las más de 300.000 familias que llevan a sus hijos a estos centros y vamos a dar ordenadores en función de la necesidad del alumno, no del tipo de educación que haya elegido su familia.

– Entonces, no se van a frenar los conciertos...

–Por supuesto que no. La «ley Celaá» plantea quitar el concepto de demanda social a la hora de poder hacer más conciertos. Madrid no va a utilizar ese cambio legal para reducirlos si las familias demandan este tipo de centros. Eso lo harán aquellas comunidades gobernadas por el PSOE y Podemos que han intentado reducirlos y que se han encontrado con que los tribunales de Justicia se lo impedían. Madrid ignorará la parte de la «Ley Celaá» diseñada para perjudicar a la concertada.

–Pero más allá de este reparto de fondos, la «Ley Celaá» se ha visto como una amenaza para este modelo ¿Cómo se va a salvaguardar en Madrid tratándose de una ley orgánica?

–En el ámbito de nuestras competencias y cumpliendo la ley, vamos a intentar en la medida de lo posible que la concertada no se convierta en una red subsidiaria, sino en complementaria de la pública.

–¿Qué le parece que la base ideológica de la Lomloe o «Ley Celaá» se haya plasmado en los pactos de reconstrucción?

–Es muy lamentable. Los pactos deberían estar al margen de las filias o fobias políticas de los grupos parlamentarios. Se trataba de buscar medidas para salir de esta situación, no aprovechar la crisis para intentar imponer tu ideología sobre la de los demás. Esto nos da pistas sobre cómo van a ser las enmiendas a la ley, que van a empeorar ese texto.

–¿Y la educación especial? ¿Está a salvo?

–Sí. Madrid tiene un modelo muy adecuado para esta educación. De los 53.000 alumnos que tienen necesidades especiales del aprendizaje, 45.000 están en centros ordinarios con apoyos y sólo 4.500 están en centros de educación especial. Ese es el modelo que nos parece acertado y es el que quieren las familias. El problema es que la ley pudiera contener una norma legal que nos obligara a cerrar esos centros. Dentro de nuestras competencias, utilizaremos todos los instrumentos para evitarlo.

–¿La extensión de la gratuidad en la etapa de cero a tres años puede acabar con las escuelas infantiles privadas?

–Vamos a intentar que no. En esta etapa hay muchos modelos de gestión y en Madrid funcionan estupendamente. Hay centros propios de la Comunidad, convenios con los ayuntamientos, concertada y, finalmente, escuelas privadas que tienen un apoyo de Gobierno con becas para la educación de cero a tres, que es una ayuda a los padres que llevan a sus hijos a esas escuelas.

–Este año hemos visto que se han presentado un 22% más de alumnos a la EVAU.¿Este aumento de aprobados se debe a las directrices del Ministerio de Educación de facilitar que los alumnos pasasen de curso?

–Estas instrucciones no eran precisas. El error fue llevar esta cuestión a un asunto regulado en una orden que pretendía modificar la Ley orgánica de Educación y los decretos de desarrollo. Siempre sostuvimos que este año los docentes iban a ser flexibles y dijimos que ningún alumno debía verse perjudicado por el Covid-19. Los docentes que conocen a sus alumnos han evaluado con flexibilidad para intentar que nadie pudiese ser perjudicado y en esa flexibilidad ha aumentado el número de aprobados en segundo de Bachillerato. Los docentes, ante la duda, han actuado en favor del alumno.

–¿Cree que es discriminatoria para los alumnos de Madrid la prueba de la EVAU tal y como está diseñada?

–La EVAU debería ser una prueba de ámbito nacional y con unos criterios comunes de evaluación, algo que en la Lomloe es un problema de justicia. Si el sistema educativo es único y los títulos expedidos por una comunidad autónoma tienen consecuencias sobre alumnos de otras comunidades autónomas, los criterios tienen que ser semejantes porque luego eso tiene consecuencias ya que te permite entrar en una universidad o en otra.

–¿Al final se va a contratar a más profesores para el inicio de curso?

–Sí. Este curso va a haber un aumento de 600 profesores como consecuencia del acuerdo sectorial que se suscribió en 2017. Además, suceda lo que suceda, también vamos a contratar para el plan de refuerzo durante el primer trimestre para que los alumnos puedan recuperar lo que perdieron en la educación presencial del curso pasado. Aún no hay cifras porque es necesario que los centros nos digan cuantos alumnos necesitan ese refuerzo para poder contratar. Y luego, si por la pandemia fuera necesario llegar a un esponjamiento mayor de los alumnos en las aulas, tenemos previsto tener hasta 3.500 personas entre profesores y personal auxiliar.

–De todo el dinero que da el Gobierno a la educación, ¿cuánto correspondería a Madrid?

–Los 2.000 millones se reparten en función de la población y aplicando ese criterio nos corresponderían 293 millones. Pero hay que repartirlos con la consejería de Universidades.

–¿Están preparados los profesores y los alumnos para un nuevo confinamiento no sólo organizativo, sino también emocional?

–Nadie desea un confinamiento porque sería una tragedia pero, después de la experiencia de marzo, estamos mucho más preparados que antes. Hemos duplicado servidores, hemos mejorado la plataforma educativa, hemos firmado convenios con otras plataformas de empresas privada, ya entregamos ordenadores a los alumnos que los necesitaban y ahora vamos a dar muchísimos más. Tenemos previsto la creación de un currículo online de las materias troncales. A los alumnos que más afecta el confinamiento es a los que tienen problemas de aprendizaje y a los de Infantil y Primaria. Por ese motivo, hemos planteado reforzar las plataformas educativas, sobre todo en 5º y 6º de Primaria, por que vemos que ahí está el problema.

–¿Habrá confinamiento de colegios?

–Se contempla aislar desde grupos hasta colegios. Por eso se ha pensado en los grupos estables de convivencia. Si no hay vacuna, el único instrumento es aislar.

–¿Es verdad que habrá 14.000 puestos menos de educación pública el próximo curso?

–No, esa campaña la hacen algunos sindicatos todos los años y basan sus datos en las plazas que se ofertan en ese primer momento de la presentación de instancias por parte de las familias. De cara al proceso de matriculación, se produce un incremento todos los años en función de las peticiones. El año pasado fueron 14.000 más y este año 8.000 más.

–¿Cree que puede haber una remodelación de Gobierno regional a la vuelta del verano?

–Es un Gobierno que está funcionando muy bien. Es de dos partido y eso tiene complejidades, pero fuimos capaces de unificar en 155 medidas la esencia de los dos programas. El gobierno madrileño ha dado ejemplo de rapidez a la hora de actuar y de tomar medidas sin rectificar inmediatamente, a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno de España. En materia educativa, las rectificaciones han sido de antología y en todas las materias. Un gobierno que funciona no precisa una remodelación.