La Comunidad de Madrid contará con un Plan de Protección Civil frente a pandemias

La Comunidad de Madrid contará con un Plan de Protección Civil ante pandemias. Un texto que coordinará y jerarquizará a los distintos departamentos y efectivos que intervengan en emergencias de este tipo y que nace con tres objetivos principales: reforzar la acción de la autoridad sanitaria, activar las necesidades sociales derivadas del Covid-19 y ofrecer una respuesta rápida y eficaz, disponiendo de medios y medidas adaptadas a cada momento de la crisis.

El Plan, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, está liderado por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, dirigida por Enrique López, y será anunciado en la próxima Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. «Se trata de que, del mismo modo que tenemos un Plan de actuación contra incendios o ante atentados terroristas, dispongamos de un plan de actuación específico para un tipo de crisis que la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que puede repetirse», afirma el consejero. Por ello, considera que el texto «mejorar la eficacia, coordinación y rapidez de respuesta ante crisis pandémicas como la actual».

En primer lugar, la aplicación del Plan se estructura en dos niveles: alerta y emergencia. El primero se activa «ante una situación o información de la que podría derivar, con una elevada probabilidad, una emergencia sanitaria por pandemia o un incremento en la gravedad de los casos». El segundo se determina «al materializarse dicha pandemia, siempre que la enfermedad registre síntomas de gravedad y/o afecte de forma significativa a la actividad habitual de la población».

Si el nivel establecido es el de «alerta», se realizarán funciones de seguimiento y evaluación de la situación. En esta fase, se dictarían medidas de aviso o de preparación de recursos. Si el nivel es de «emergencia», supondrá la «activación plena» del Plan.

Con la aplicación de este texto, se establece desde ahora una jerarquía clara, articulando una red operativa de apoyo y «siempre al servicio de la autoridad sanitaria». No en vano, se pretende «minimizar en lo posible la propagación de la enfermedad» trasladando las indicaciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, entidades locales y población en general.

La activación del Plan, así como su nivel, dependerá del Director de este protocolo, en este caso el consejero competente en materia de Protección Civil en la Comunidad. En este caso, la Consejería de Justicia e Interior.

Entre otras labores, deberá dirigir el Centro de Coordinación; informar a las autoridades correspondientes –estatales, autonómicas y locales– de la situación en la que se encuentra la emergencia y su evolución; cuando corresponda, poner a disposición de la autoridad sanitaria y de la autoridad estatal de Protección Civil los medios y recursos del Plan; determinar las actuaciones más convenientes para cubrir las necesidades psicosociales y de seguridad planteadas; y declarar el fin de la emergencia en el ámbito de su competencia, así como la desactivación del Plan.

El Centro de Coordinación Operativa, del cual estará al cargo, será el principal órgano de trabajo y clasificará y procesará la información recibida «a tiempo real» en relación con la pandemia, su evolución, operaciones en marcha y demás circunstancias, actuando a través de cuatro Grupos de Acción –Intervención, Seguridad, Apoyo al ámbito sanitario y Apoyo logístico–. Estos equipos actuarán sobre el terreno, a través de efectivos profesionales y Cuerpos como el de los Bomberos regionales, Agentes Forestales, agrupaciones de Protección Civil; Guardia Civil; Policías Locales y Cruz Roja, entre otros.

Después del Director del Plan, se sitúan en el escalafón un Director de Operaciones, un Gabinete de información y un Comité Asesor. Éste último constituirá un «órgano de apoyo» a las funciones del Director del Plan de Actuación. Se formará con la presencia total o parcial de sus miembros, a requerimiento del Director, y en función de la situación y de las circunstancias de la emergencia.

El Comité Asesor estará compuesto, entre otros, por un representante de la Delegación del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; representantes de los municipios afectados, y representantes de la Consejería competente en materia de transportes e infraestructuras, así como de Sanidad y servicios sociales. Con todo, y según se indica en el texto, en el Comité estarán incluidos «expertos cuya presencia se estime necesaria, técnicos y funcionarios de las diversas administraciones y de organismos públicos y empresas o entidades privadas que el Director del Plan considere oportuno».

Este protocolo se coordinará con los planes de actuación municipal. Además, se pondrán en marcha procedimientos para«la discriminación y tratamiento» de las llamadas al 112, con la puesta en marcha de «teléfonos y servicios en red especializados» y dedicados a la crisis sanitaria. No en vano, la información que se obtenga de las llamadas gestionadas será clave también a la hora de la toma de decisiones en las declaraciones de Alerta y Emergencia.