Madrid Central, “tocada de muerte”

Seis sentencias no avalan el proyecto de Carmena. Si el Tribunal Supremo falla en contra, el Ayuntamiento tendría que devolver en multas lo que supondría construir casi tres hospitales como el Zendal

Madrid Central. Tráfico, bicicletas y peatones.
Madrid Central. Tráfico, bicicletas y peatones.Cristina Bejarano La Razón

Madrid Central, el proyecto estrella de Manuela Carmena parece tener los días contados. Es cuestión de tiempo. Hasta seis sentencias no avalan la zona de bajas emisiones ni el acuerdo de la Junta de Gobierno que desarrollaba cómo debía gestionarse y establecía qué vehículos podían acceder y cuales no al área restringida de más de 200 hectáreas del centro de la capital.

La sexta sentencia del TSJM, conocida recientemente en la que se declara su nulidad tras un recurso de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), deja seriamente tocado el proyecto de Carmena. La sentencia también afecta a más de dos millones de denuncias formuladas por los controladores SER desde que entró en vigor la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en 2018.

El Tribunal anuló la posibilidad de que se deba prescindir de la obligación de adjuntar una foto de la infracción y de los datos del controlador para multar, así como sustituir el nombre y apellidos de los controladores denunciantes por el número de identificación, como si se tratase de agentes de la autoridad.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero las organizaciones de automovilistas confían en que el Alto Tribunal fallará en sentido similar a las seis sentencias emitidas hasta ahora por el TSJM.

Si el Supremo se pronunciase en este sentido, el fallo acarrearía un importante agujero económico al Ayuntamiento de Madrid, que ha evitado pronunciarse sobre el asunto, aunque fue el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando estaba en la oposición, uno de los denunciantes del proyecto estrella de Carmena.

Así, desde marzo de 2019, en que se puso en marcha Madrid Central hasta el mes de octubre pasado, el Ayuntamiento de Madrid ha formulado 1.169.785 denuncias por un valor de 105.280.650 euros, por acceder a la zona de bajas emisiones sin autorización, según los cálculos de Automovilistas Europeos.

A esto hay que añadir, según AEA, que ninguna de las 1.911.221 denuncias formuladas por los controladores del SER y el personal del SACE desde octubre de 2018 han cumplimentado con el trámite de identificación y domicilio del denunciante que establece la Ley de Seguridad Vial, lo que supondría una suma de 150 millones de euros en multas. Así que, si finalmente el Alto Tribunal da la razón a los denunciantes, el Ayuntamiento de Madrid tendría que devolver 255.332.032 euros por los más de tres millones de multas. Para hacernos una idea, sería el equivalente al gasto que supondría casi la construcción de tres hospitales como el Zendal.

Los usuarios multados tendrían que acudir al procedimiento de responsabilidad patrimonial para recuperar el dinero de la multa mientras que las sanciones pendientes de cobro tendrían que anularse.

«El problema de Madrid Central es que se hizo de manera precipitada y, aunque se dio la apariencia de que se consultaba a todo el mundo, en realidad no se hizo», explica Mario Arnaldo, presidente de AEA.

En su opinión, en lugar de buscar una solución técnica para mejorar la calidad del aire, «se hizo una política de restricciones sin sentido alguno, porque lo primero de todo debía haber sido estudiar las necesidades de movilidad de los ciudadanos. El Gobierno municipal no pecó en su finalidad de mejorar la calidad del aire, sino en el modo de hacerlo», añade Arnaldo. De ahí que ahora una de las cuestiones que plantean organizaciones de conductores como AEA es que se paralice Madrid Central. Por lo menos hasta que se cree una ordenanza que contemple cuál es la movilidad real de los madrileños. Y más ahora que el teletrabajo ha cambiado la forma de moverse y que las horas punta en las distintas vías de acceso a la capital ya no son similares a la época precovid. La cuestión, según AEA, es que todo se ha centrado en una política de restricciones sin dar una solución alternativa a las personas que disponen de coches sin etiqueta que han visto limitado su acceso a las 200 hectáreas de superficie urbana que componen lo que se conoce como Madrid Central. La última palabra ahora la tiene el Supremo y puede tardar hasta dos años en pronunciarse.