Elecciones de Madrid

El «plan b» del PP con Toni Cantó: más mitines y más calle

Ayuso reitera que cuenta con el actor mientras Génova agota la vía legal para mantenerle en la lista del 4-M

Isabel Díaz Ayuso (i), visita el barrio de Sanchinarro junto al número 5 de la lista electoral, Toni Cantó
Isabel Díaz Ayuso (i), visita el barrio de Sanchinarro junto al número 5 de la lista electoral, Toni CantóKiko HuescaEFE

Lo avanzó en la entrevista que concedió a LA RAZÓN tras conocerse el fallo judicial que le apartaba de la candidatura del PP: «Mi implicación será total. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca». Y ayer, la presidenta Díaz Ayuso insistió en que contará con él sea cual sea la decisión final de la Justicia.

En el PP de Madrid trabajan ya en cómo podrá colaborar Toni Cantó en la campaña electoral en el caso de que no pueda figurar como número cinco de la candidatura. Él mismo resumió ayer este escenario: «Sánchez e Iglesias me podrán sacar de una lista pero no de un mitin». El equipo más próximo a Cantó contabilizaba con alrededor de cuatro actos diarios para el actor durante la campaña. Y eso no tiene necesariamente por qué cambiar, dado su perfil mediático.

Apenas unas horas antes de que un juzgado de Madrid determinara que el ex diputado de Ciudadanos era inelegible para los comicios del 4 de mayo, Cantó estaba inmerso en una intensa agenda coordinada desde el equipo de campaña del PP de Madrid. El pasado viernes, LA RAZÓN acompañó a Cantó durante un recorrido por los comercios del distrito Centro, que aprovechó para escuchar las reivindicaciones y quejas de estos pequeños empresarios. Aunque fundamentalmente lo que recibió fueron ánimos de parte de un colectivo que, al contrario de lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas, está pudiendo mantener, pese a las restricciones, un mínimo de actividad que le permite encarar con algo de optimismo el futuro a medio plazo. Algunos de los comerciantes de la calle Montera con los que pudo conversar durante este paseo le llamaron la atención en torno a cómo sus ventas se han desplomado entre un 75 y un 80% como consecuencia de la falta de turistas en la zona y de la crisis económica vinculada con la emergencia sanitaria.

De esta forma, sea cual sea la decisión que adopte el Constitucional, lo que parece claro es que los populares van a seguir contando con Cantó. No en vano, su perfil mediático y su conexión con un sector de los votantes jóvenes que puedan estar indecisos entre Cs y el PP así como entre el propio PP y Vox, son vistas en Génova como dos fortalezas muy aprovechables a lo largo de las tres semanas que restan hasta el 4-M.

En lo que tiene que ver con el culebrón judicial, los populares presentaron ayer su recurso con la pretensión de que se el Alto Tribunal revoque la decisión del magistrado y confirme que Cantó –también Agustín Conde– puede ir en la candidatura del PP a las elecciones autonómicas del 4 de mayo. La decisión del Tribunal Constitucional se conocerá el próximo viernes como muy tarde, tres días después de que finalice hoy el plazo para presentar algún recurso nuevo contra la decisión del citado magistrado, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Alto Tribunal. Los magistrados que deberán resolver y, por tanto, quienes tendrán la última palabra sobre si Cantó y Conde pueden ir en la candidatura de Ayuso son Juan José González Rivas (presidente), Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares, Alfredo Montoya, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido. Tres son los argumentos principales que esgrime el PP. En primer lugar, se señala que «no es cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo», como señala el magistrado en su resolución. Y de hecho, «jamás se ha exigido hasta este caso, en que un juzgado unipersonal ha decidido que así era, contraviniendo a la Junta Electoral Provincial», por lo que Toni Cantó y Agustín Conde «han sido discriminados frente al resto de candidatos en el presente y pasado». Además, se sostiene que con esa decisión del magistrado se ha creado un requisito que no consta en la ley, «mediante una intervención vulneradora del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental». El PP cree que se ha hecho «una interpretación restrictiva del derecho de participación política».