Ayuso deja fuera de la Ley Maestra el «pin parental»

Da por buena la medida acordada hace año y medio con Vox de que los centros informen a los padres de las actividades complementarias y extraescolares

Niños caminan por el hall del colegio Virgen de Europa durante el primer día de clase del curso 2021-22
Niños caminan por el hall del colegio Virgen de Europa durante el primer día de clase del curso 2021-22 FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

La negociación de los Presupuestos para 2022 en Madrid ha llevado a Vox a colocar en el centro del debate dos de sus postulados históricos por los que batalla, no solo en Madrid, sino en todas las comunidades autónomas: derogación de las leyes Lgtbi y el «pin parental». Prometen ser dos de los asuntos que den más que hablar para rematar políticamente el año. El primero se ha convertido ya en la cuestión más controvertida de la semana después de que este jueves esté previsto que la Asamblea de Madrid debata la toma en consideración de la Ley de Igualdad registrada por la formación de Rocío Monasterio que pretenden derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección integral contra la Lgtbifobia y Discriminación por razón de Orientación e Identidad Sexual. Los grupos de la izquierda ya han venido guerreando estos días atrás contra la iniciativa y rechazan de plano cualquier medida que consideran un retroceso en la consecución de derechos y libertades para el colectivo LGTBI. Pero el volumen de la protesta se eleva esta semana ante lo que se prevé un debate encendido en la Cámara madrileña cuando se aborde la iniciativa de Vox. Y no solo eso, los partidos de la izquierda quieren que hable la calle y han hecho un llamamiento a la manifestación el próximo día 16 de diciembre en Sol contra la supresión de las leyes Lgtbi que se aprobaron en 2016 cuando Cristina Cifuentes estaba al frente del ejecutivo autonómico.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya ha dejado claro que no se derogarán las leyes, solo se modificará parte de su articulado, como la parte que afecta a la inversión de la carga de la prueba de tal manera que, según la ley vigente, una persona acusada de homofobia tiene que demostrar que no ha cometido la acción.

No obstante, está por ver si los populares dan el visto bueno o no esta semana a la tramitación de la ley de Igualdad de Vox.

Mientras los de Rocío Monasterio negocian este asunto con el Consejero de Justicia y Presidencia, Enrique López, paralelamente se han sentado a la mesa con el consejero de Educación, Universidades y Portavocía, Enrique Ossorio, para abordar la Ley Maestra con la que Madrid pretende ser el contrapunto a la ley educativa en vigor impulsada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez: la Lomloe, más popularmente conocida como «ley Celaá».

La norma, que pretende ser la contrarreforma educativa a la «ley Celaá», precisa los votos de Vox para salir adelante y uno de los puntos enmendados por el «socio preferente» de Ayuso es que «se reconozca el derecho a conocer y ser informados sobre los contenidos curriculares de las materias y los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, así como de los contenidos y los procedimientos de las actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares que se vayan a impartir» a lo que añade «el derecho a ejercer la objeción de conciencia, según se reconoce en el artículo 53.2 en relación al 27.3 de la Constitución española». Dicho de otro modo, este último punto sería el llamado «veto parental» por el que los padres pueden negarse a que sus hijos acudan a algunas actividades, una de las banderas de la formación de Santiago Abascal que encontró cabida en Murcia y que ha sido recurrida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Pero al igual que Ayuso se ha plantado con la derogación de las leyes Lgtbi, también parece haberlo hecho con el «pin parental», que queda fuera de la Ley Maestra, según han confirmado a LA RAZÓN desde el Ejecutivo autonómico, después de que las últimas declaraciones de Díaz Ayuso cuando ha sido preguntada por el asunto en cuestión hayan hecho pensar que era una opción que se estaba considerando.

El Gobierno de Díaz Ayuso da por negociado el asunto con el acuerdo que se alcanzó hace año y medio con la formación que lidera Rocío Monasterio en Madrid y que quedó materializado en una instrucción que ya está vigente y que obliga a los centros educativos a dar información previa a los padres en el sobre de matrícula, no solo del ideario del centro, sino sobre las actividades complementarias y extraescolares.

Es no quita que estuviera dispuesto a ahondar más en esa labor de «transparencia». Y, en este punto, Vox propone en una de sus enmiendas (la número 35) a la Ley Maestra el detalle de toda la información que se deberá suministrar a los progenitores a la hora de elegir colegio por escrito, vía electrónica y vía web.

Según la citada enmienda, cada centro deberá informar antes del periodo de petición de plaza de las siguientes cosas: «documento organizativo del centro, oferta educativa disponible, ideario del mismo, listado y precio de todas las actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares que se hayan llevado a cabo en el centro el curso anterior y las que estén previstas para el nuevo curso». Además, en el caso de las actividades complementarias y extracurriculares, Vox pretende que «se incluya el título, clase, modalidad de actividad y la organización que lo imparte». A esta exigencia se añade otra en relación con que cada centro deberá recoger el número de denuncias de acoso que hayan originado la apertura de un expediente. Igualmente, Vox quiere que se refleje por ley que los centros hagan públicas sus normas de organización y funcionamiento, los teléfonos y correos electrónicos de la dirección, los docentes y la administración, además del proyecto educativo.