Dentro de esas campañas electorales de cuatro años que ahora reciben el nombre de «legislaturas», el horizonte hasta 2023, año de la próxima cita con las urnas, pasa antes por juzgados. Así ocurre al menos en el Ayuntamiento de la capital. Más Madrid lo ha hecho y el PSOE se lo plantea, dentro de una estrategia de desgaste de la corporación presidida por José Luis Martínez-Almeida. Y es que un titular del tipo «los tribunales condenan a Cibeles...» es especialmente codiciado por la izquierda municipal, con vistas a intentar reducir la ventaja que el alcalde mantiene respecto a sus perseguidores. Además, apuntando directamente a los dos grandes proyectos legislativos del mandato: la Ordenanza de Movilidad, que, en esencia, mantiene las restricciones al tráfico que ya recogía Madrid Central; y la Ordenanza de Terrazas, aprobada esta misma semana, que supone aumentar la prórroga de dos años para estos apéndices hosteleros, si bien sujetos ahora a nuevas normas, condiciones y restricciones.

En relación a esta última ordenanza, los últimos que han puesto la posibilidad judicial sobre la mesa han sido los socialistas. En una entrevista concedida a Onda Madrid, su portavoz, Mar Espinar, explicó que están a la espera de un informe de los servicios jurídicos de su grupo. Así, de haber alguna irregularidad, apuntan a unas presuntas incompatibilidades que existirían respecto a la Ley de Seguridad Vial. Por ejemplo, según la ley, «no se dejan poner determinados elementos en la calzada ni en la acera... pero se ponen terrazas». También señaló que, con la nueva ordenanza, «se están comiendo parte del espacio no sólo a los peatones sino al comercio de proximidad». Igualmente le genera «dudas razonables» que el acceso en determinadas zonas quede comprometido, informa Ep.

En lo que se refiere a la negativa de su grupo a la hora de dar luz verde al proyecto, Espinar crítico que el estudio de las terrazas «calle a calle» tenía que haber sido previo a la ordenanza, con la elaboración de un «mapa de zonas tensionadas» como se comprometió el Ayuntamiento. También señalaron que la ordenanza no garantiza la solución de los problemas en calles como Ponzano, en el distrito de Chamberí. «No fuimos capaces de conocer el mapa de zonas tensionadas ni sus criterios, de tener los elementos básicos para poder negociar y mejorar porque nos faltaba información. Pero creo que ni el Gobierno la tenía», razonó Espinar, cuyo grupo decidió abandonar la Mesa creada por el Consistorio para llegar a puntos de acuerdo.

Las declaraciones de Espinar fueron replicadas por la vicelcaldesa, Begoña Villacís, que ha encabezado la elaboración de la ordenanza. «Mar, si escuchas estas palabras, por favor, llama a tu compañero Collboni en Barcelona, porque acaba de aprobar exactamente lo mismo», dijo la vicealcaldesa en Telemadrid, en referencia al primer teniente de la Alcaldía, el socialista Jaume Collboni, que ha llevado a cabo un proyecto similar.

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz (PP), en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, se mostró «poco sorprendida, porque, lamentablemente el PSOE, en este Ayuntamiento, ha decidido formar parte del problema y no de las soluciones».

En lo que respecta a Más Madrid, la formación liderada en Cibeles por Rita Maestre presentó el pasado miércoles una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la ya mencionada modificación de Madrid Central. En su escrito, el partido invoca el principio de «no regresión ambiental». La concejala Esther Gómez explicó que la principal de estas «regresiones» sería la excepción introducida por el actual Ayuntamiento y que permite que los comerciantes autoricen hasta tres coches cada uno, es decir, 57.402 nuevos vehículos autorizados, «un 40 por ciento más que con Madrid Central». Además, también contemplan en el recurso otras excepciones: la concedida a los vehículos históricos, la nueva moratoria para los vehículos ligeros con clasificación ambiental B y la inclusión de dos nuevas calles de libre circulación.

«La ordenanza de movilidad de Almeida supone un retroceso en Madrid Central. La legislación internacional y nacional no permite dar marcha atrás en las medidas contra el cambio climático y la contaminación de forma arbitraria, sin que esté totalmente justificado», señaló Esther Gómez, a la vez que indicó que la demanda presentada es «pionera en España».

Frenazo en Bruselas

Preguntado al respecto, el alcalde señaló que la demanda de Más Madrid «no es sino un trámite más dentro de un procedimiento judicial. Y, por tanto, mi respeto total y absoluto al estado de derecho: quien considera que una disposición no se ajusta al ordenamiento jurídico, puede acudir a los tribunales. Igual que hay que respetar que este equipo de Gobierno entiende que la tramitación se hizo conforme a la legalidad».

Precisamente ayer, Bruselas frenó en seco las aspiraciones de Más Madrid y Equo, que pretendían que la Eurocámara «garantizara» que el Consistorio cumpliera con la calidad del aire. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presidida por la «popular» Dolores Monserrat, archivó la petición, en una actitud «caciquil», en palabras de Rita Maestre.

Según los últimos datos trasladados a Bruselas, correspondientes a septiembre de 2020, la capital superaba, aún en el primer año de pandemia, el valor máximo anual de nitrógeno, si bien se había «registrado una mejora significativa respecto a los años anteriores».

Preguntada al respecto, la directora general de Planificación del Ayuntamiento, Dolores Ortiz, opinó que se estaba «perdiendo el tiempo con una cuestión superada y desfasada», ya que Madrid se convertirá en «la zona de bajas emisiones más grande de Europa» en 2025, año en el que los vehículos sin etiqueta tendrá prohibido traspasar los límites de la capital.