Ayuso gana el pulso al Gobierno por el distrito único educativo

La Comunidad de Madrid seguirá teniendo zona única escolar que permite que un niño de la Comunidad de Madrid pueda escolarizarse en cualquier colegio de la región, aunque viva en el otro extremo, sin que eso le penalice para conseguir una plaza.

El pasado mes de febrero, el Ministerio de Educación y FP presentó un requerimiento contra el Decreto autonómico que permite a las familias decidir el colegio que quieren para sus hijos al considerar que incumplía la Ley de educación vigente (Lomloe) y, seis meses después, ha declinado recurrirlo en los tribunales.

Desde el Ministerio que dirige Pilar Alegría aseguran que no se ha acudido a la Justicia porque el asunto «se corrigió» por parte de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, desde la Consejería de Educación madrileña aseguran no haber hecho modificación alguna, pero sí una justificación jurídica de todos y cada uno de los cuatro puntos del decreto en el que el Ministerio de Educación y FP solicitaba modificaciones en un informe redactado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que remitió al Ministerio. En el documento, el Ejecutivo autonómico asegura no entrar en colisión con la Ley de Educación vigente. Y es que, precisamente, el distrito único educativo que da libertad a las familias para elegir el colegio que quieren para sus hijos es una de las señas de identidad del sistema madrileño.

La entrada en vigor de la Lomloe provocó que las comunidades autónomas tuvieran que actualizar las puntuaciones de los criterios de admisión en los centros. La nueva Ley de Educación recoge que ninguno de ellos, a excepción del de proximidad, podrá superar el 30% de la puntuación máxima. Sin embargo, la Comunidad de Madrid asegura que, sin rebasar ese porcentaje, eso no impide que el criterio pondere lo mínimo.

Así, unas veces la abierta redacción de la Lomloe y, otras, los términos difusos que se manejan en el texto legal, dejan resquicios para que las autonomías regulen sobre cuestiones que defienden sus principios y que luego éstos sean defendibles en los tribunales. Es por esta idea por la que la Comunidad de Madrid cree que no comete ninguna ilegalidad.

Así, el Ejecutivo autonómico ha recalculado las puntuaciones por el apartado de proximidad al domicilio de tal manera que se mantienen las proporciones para que siga en vigor la zona única de elección de centro porque ha dado grandes resultados que se viene aplicando desde hace una década.

Madrid se ampara, además, en la idea de que la zona única beneficia a miles de familias. En concreto, el 17,01% de los alumnos escolarizados en centros públicos acuden desde distritos diferentes al lugar de empadronamiento, un porcentaje que es aún mayor en la escuela concertada, en la que el porcentaje sube al 23,62%.

De ahí la intención de la Comunidad de defender la zona única escolar frente a la intención del Gobierno de Sánchez de eliminarla. Este modelo ha permitido este último año que el 95,8% de las familias madrileñas han obtenido el centro educativo elegido en primer lugar permitiendo optar al colegio que han deseado en igualdad de condiciones, independientemente de donde se residieran. Esta cifra es la más alta desde que se tienen registros en la región si lo comparamos con lo que ocurría en el curso 2006/2007, cuando era del 80,5%, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.

Frentes abiertos

Éste no es el único motivo de conflicto entre el Gobierno de Díaz Ayuso y el Ministerio de Educación. Además de la de la zona única, entre ambas administraciones existen diferencias que están pendientes de resolverse en los tribunales. Es el caso del Real Decreto de currículo de Bachillerato que la presidenta regional, Díaz Ayuso, ya anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo.

En la Consejería de Educación y Universidades están pendientes de que el Alto Tribunal remita el expediente a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para que puedan presentar tal recurso.

Según el Gobierno madrileño, los contenidos elaborados por el Ministerio de Educación y FP «son especialmente dañinos, conllevan una gran carga ideológica y deja al lado aspectos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid considera esenciales para la educación de los alumnos» en una etapa que considera fundamental ya que da acceso a los estudios superiores y universitarios.

Madrid, no obstante, ha sido la segunda Comunidad autónoma en aprobar los currículos que desarrollan la Lomloe y que entraban en vigor este año en los cursos impares en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

En el desarrollo curricular la Comunidad de Madrid asegura que ha tratado de eliminar la «carga ideológica y adoctrinadora», que asegura que mantiene la nueva ley educativa que ha entrado en vigor este curso académico, aunque «dentro de los márgenes que permite la ley».