Ayuso gana el pulso educativo a Sánchez sobre el paso de curso

La Comunidad de Madrid ha ganado una nueva batalla educativa en los tribunales en su intento por evitar algunos de los «efectos perniciosos» de la nueva Ley de Educación (Lomloe). Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado el intento del Ministerio de Educación de frenar el decreto que Madrid dictó sobre cuáles son las condiciones que los profesores deben tener en cuenta para que un alumno pueda pasar de curso.

El Departamento de Pilar Alegría reguló en la ley estatal que un alumno pueda promocionar de curso en la ESO sin límite de suspensos, si así lo considera el equipo docente porque crea que el alumno está en condiciones de seguir con éxito el curso siguiente. En Bachillerato reguló que se pueda pasar de primero a segundo con dos suspensos y obtener el título en 2º de Bachillerato con una materia suspensa, de manera excepcional, si el alumno ha ido a clase, se ha presentado a los exámenes y la nota media del curso le da cinco.

El Gobierno de Díaz Ayuso entendió que con esta regulación, los profesores carecían de un criterio objetivo claro y que la normativa era una forma de devaluar la cultura del esfuerzo. Es por esto por lo que determinó, a través de un decreto, que un alumno pueda pasar de curso solamente si así lo acuerda una mayoría cualificada de 2/3 del equipo docente y previa deliberación. En el caso de 2º de Bachillerato, el estudiante podrá obtener el título y presentarse a la EVAU con una materia suspensa, pero solo si así lo decide una mayoría de 4/5 del equipo docente. Después de esta sentencia, la Comunidad de Madrid podrá seguir aplicando este decreto.

Con esta medida, el Gobierno de Díaz Ayuso pretendía que, dentro de sus competencias, y a pesar de la entrada en vigor de la Lomloe los centros educativos madrileños «puedan mantener la cultura del esfuerzo y la enseñanza de calidad porque es uno de los principios fundamentales que defiende el Gobierno regional para su sistema educativo y que la nueva Ley educativa estatal relega en su contenido», aseguran desde la Consejería de Educación.

En la sentencia el TSJ expone que, aunque el Ministerio alude a «los eventuales perjuicios» que podría acarrear la aplicación de la normativa de la Comunidad de Madrid por «la imposibilidad de promocionar al curso siguiente o de obtener la titulación correspondiente al nivel educativo de la ESO», en realidad, para lo que se pide la cautelar es para «proteger una eventual afectación del derecho a la educación de los alumnos afectados». Sin embargo, el TSJM puntualiza que «el derecho fundamental invocado es de titularidad individual; una defensa que el Abogado del Estado no podría arrogarse por sí mismo ni siquiera de modo cautelar, como aquí ocurre».

El tribunal madrileño asegura no tener claro cuál sería el fundamento de la pretensión de nulidad porque el Ministerio «no ha invocado siquiera el requisito de la apariencia de buen derecho de su pretensión».

Distrito único

No es la única contienda que la Comunidad de Madrid ha tenido abierta a cuenta de la Lomloe con el Ministerio. La última tuvo que ver con el distrito único. El año pasado, el Ministerio de Educación y FP presentó un requerimiento contra el Decreto autonómico que permite a las familias decidir el colegio que quieren para sus hijos al considerar que incumplía la Ley de educación vigente (Lomloe) La Comunidad de Madrid, pero el asunto se quedó ahí. De esta forma, Madrid seguirá teniendo zona única escolar que permite que un niño pueda escolarizarse en cualquier colegio de la región, aunque viva en el otro extremo. Desde el Ministerio que dirige Pilar Alegría en su día se dijo que no se había acudido a la Justicia porque el asunto «se corrigió» por parte de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, desde la Consejería de Educación madrileña aseguraron no haber hecho modificación alguna, pero sí una justificación jurídica de todos y cada uno de los cuatro puntos del decreto en el que el Ministerio de Educación y FP solicitaba modificaciones en un informe redactado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que remitió al Ministerio. En el documento, el Ejecutivo autonómico aseguraba que no entraba en colisión con la Ley de Educación vigente.