Ayuso «tiene legitimación» para proteger el Valle de los Caídos

No es la primera iniciativa ni será la última para reclamar una nueva oportunidad para el Valle de los Caídos, que avanza cada día en un deterioro progresivo de humedades, goteras, daños en las esculturas de Juan de Ávalos y cortes de luz. Ayer fue el turno de la Fundación Española de Abogados Cristianos, que inició una campaña de recogida de firmas para que Isabel Díaz Ayuso asuma sus competencias para la declaración del complejo como Bien de Interés Cultural (BIC).

La presidenta de la entidad, Polonia Castellanos, acompañada de medio centenar de personas que portaban reproducciones de la cruz del Valle, registró en la sede de la Comunidad de Madrid 31.748 firmas para solicitar al Gobierno autonómico que actúe en Cuelgamuros.

A las puertas de la Real Casa de Correos, Castellanos explicó que el objetivo de esta acción es que «se proteja una parte del patrimonio importantísima, como es el Valle en su totalidad, la cruz más grande de la cristiandad y una basílica impresionante, que es una obra de arte y, sobre todo, a las víctimas que están allí enterradas». «Nos hablan de víctimas de un bando que es una minoría, pero olvidamos los mártires religiosos y la persecución religiosa que hubo» y «que fue realmente flagrante», recordó a Efe.

"No es suficiente"

Por todos estos motivos, solicitan a la presidenta del Gobierno autonómico que declare como Bien de Interés Cultural el Valle de Cuelgamuros, al tiempo que afirman que con el proceso abierto respecto a la Escolanía «no es suficiente» por ser algo «inmaterial». Cabe recordar que la Comunidad de Madrid anunció en septiembre que declarará Bien de Interés Cultural, en la categoría de Patrimonio Inmaterial, la Escolanía de El Escorial, fundada por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y la de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, vinculada a la congregación benedictina establecida en la Abadía del mismo nombre.

Sin embargo, el Gobierno de Sol descarta tener competencias para el recinto monumental, que delega en la Administración del Estado, en base al artículo 6 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Castellanos subrayó ayer que, desde Abogados Cristianos, saben que la presidenta madrileña «está preocupada por los escándalos de corrupción del Gobierno, al igual que todos los españoles y todos los ciudadanos (...) y, por lo tanto, lo que hay que hacer es declarar Bien de Interés Cultural el Valle para que el Gobierno no pueda recurrir constantemente a él, a la Basílica y a la cruz para desviar la atención».

En el caso de que la presidenta Ayuso no se preste a culminar esta petición, Castellanos la animó a culminar un paso que puede darle «la posibilidad de hacer algo bueno, que tendrá rédito a la hora de las elecciones», y que sería una «torpeza electoral, teniendo elecciones seguramente muy cerca, no hacerlo». Y es que esta abogada de Valladolid considera que el Gobierno de Pedro Sánchez «no puede resistir en esta situación», cercado como está el líder del PSOE por escándalos de corrupción que afectan a miembros de su partido y a su propio entorno familiar.

Sobre la situación actual del Valle de Cuelgamuros, Polonia Castellanos asegura que este depende de la Fundación de la Santa Cruz, que el Gobierno de España no tiene competencias y que la Comunidad tiene «legitimación por ley» para acometer esa protección. «Declaró la Escolanía, declaró la fábrica de Clesa, que me parece estupendo», pero «es necesario que declare el Valle», insistió.

La presidenta de la fundación de letrados considera que con la declaración BIC existiría una «mayor protección» y de esta manera el Gobierno de España lo tendría «todavía más difícil para meter sus zarpas en el Valle».

Los manifestantes en la Puerta del Sol corearon cánticos y lemas como «El Valle no se toca» o «La cruz no se vende, el Valle se defiende», entre las miradas de curiosidad de los paseantes que circulaban en ese momento por el centro de la capital.

El papel de la ADVC

Por su parte, Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), dice a LA RAZÓN «agradecer el apoyo constante y la preocupación de Abogados Cristianos». Linares, que presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comunidad de Madrid que desestima la declaración BIC, espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya recibió las conclusiones de las partes. «Isabel Díaz Ayuso sabe sobradamente que está legitimada para ello [coincide plenamente con Polonia Castellanos] pero esta asociación no entiende qué oscura motivación mueve al Partido Popular para no tomar cartas en el asunto», lamenta. Por este motivo, afirma que «la ADVC hará responsable a la Comunidad de Madrid de lo que pueda suceder por no haber actuado como debería».

Apunta Linares que su «adhesión a esta causa y a otras semejantes es total». En este momento, recuerda, «estamos esperando que la Justicia por fin obligue a la Comunidad al menos a la incoación del expediente, y ya se verán después los argumentos de unos y otros».

La posición y el empeño de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos es conocida, pero la actividad de la Fundación Española de Abogados Cristianos no es menos activa.

El paso más reciente es un recurso contencioso-administrativo contra el pliego técnico para la resignificación del complejo que el Gobierno hizo público a mediados del pasado abril. Según el apartado 12 del documento, salvo el altar y las bancadas cercanas, «el resto de los espacios del interior de la Basílica (vestíbulo, atrio, espacio intermedio, nave desocupada, cúpula (pero sin Altar) y capillas del Santo Sepulcro y del Santísimo no están destinados al culto y podrán ser objeto de intervenciones de naturaleza artística y museográfica para la resignificación del lugar».

Para Abogados Cristianos, esto supone una vulneración de la libertad religiosa (art. 16 de la Constitución), porque se trata de «una intromisión estatal en un lugar de culto».

En diciembre se presentó otra denuncia contra la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, así como contra la gerente del Consejo de Administración, María Dolores Menéndez, por un posible delito de daños contra el patrimonio histórico.

Y en cuanto a recogida de formas, ya en febrero de 2024 la fundación de letrados hizo entrega de 35.041 rúbricas ante la sede de Patrimonio Nacional para que actúe contra el «abandono» de Cuelgamuros y para recordarle su obligación de preservar el enclave y cumplir con la normativa.

«Es una obligación legal, nosotros no estamos exigiendo nada fuera de la ley, simplemente que cumplan la Ley de Patrimonio Nacional y la de Memoria Histórica que les obliga a conservar, mantener y mejorar el conjunto monumental del Valle, algo que no están cumpliendo», dijo entonces su portavoz, Norberto Domínguez.