Brutal agresión a dos funcionarios en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado "una brutal agresión" por parte de un detenido a dos funcionarios en los calabozos de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla.

El incidente se produjo el pasado viernes cuando un interno protagonizó un grave altercado lesionando a dos funcionarios de Plaza Castilla. Una de las heridas presenta lesiones todavía sin determinar.

La agresión se produjo tras negarse a entrar en la celda una vez había prestado declaración ante el juez. Según el sindicato, los hechos han sido de "una violencia extrema, lanzando a la compañera por los aires, impactando contra un banco".

La rápida intervención de un jefe de servicios junto con dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha evitado el ensañamiento del interno con la funcionaria. No obstante, el Jefe de Servicio también muestra lesiones en su mano, debido a la agresividad del interno.

El sindicato señala que se trata de una situación que ocurre "diariamente" en los calabozos de Plaza Castilla debido a "la falta de medios y la inseguridad vivida en el desempeño de sus funciones por parte de los funcionarios de vigilancia que conviven todos los turnos de trabajo con una media de 100 detenidos sin seguridad jurídica ni personal".

Por ello, se ha solicitado en muchas ocasiones que quien debe hacerse cargo de los Juzgados sea la Policía Nacional, ya que su no condición de agente de autoridad nos impide desarrollar funciones esenciales para mantener la seguridad en ese departamento.

"No obstante, valoramos de manera extraordinaria la labor de nuestros compañeros. Es admirable la demostración diaria de profesionalidad y dedicación en un medio tan hostil", señalan.

Desde APFP desean la pronta recuperación de sus compañeros y señalan que seguirán dando visibilidad a "las nefastas condiciones de trabajo que sufren".

APFP reclama al Ministerio del Interior el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad; el reconocimiento de profesión de riesgo; adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios.