La Comunidad de Madrid confirma que no reclamará a Óscar Puente la gestión de Cercanías

Hasta el 94% de las promesas electorales ya han sido cumplidas por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, al igual que el lunes anunciaba la de Sanidad. El consejero, Jorge Rodrigo, confirmó ayer que, antes de que acabe el año, verán la luz algunas de las líneas maestras de esta legislatura. De momento, ésta ha estado marcada por las ampliaciones de la red de Metro y sus disputas con el Ministerio del mismo área, liderado por Óscar Puente. Los descarrilamientos y constantes retrasos en la red de Cercanías han protagonizado la mayoría de las reclamaciones del Gobierno regional a Sánchez, así como al delegado del Gobierno.

Pero a la vez, uno de los grandes retos era resolver el problema de la vivienda o el acceso a esta. Para ello, Rodrigo recordó la puesta en marcha de dos proyectos, como el Plan VIVE o el Plan Primera Vivienda, dirigidos a colectivos que necesitan vivienda social y gente joven. Paralelamente, criticó la Ley de Vivienda promovida por el Gobierno de Sánchez, ya que «ha recortado la oferta de alquiler, disparando los precios por culpa de la inseguridad jurídica».

En materia de Transportes, apuntó que el Consorcio Municipal gestiona un servicio utilizado por 5 millones de pasajeros diarios. Por ejemplo, los autobuses interurbanos dan cobertura a 172 municipios, cubriendo un recorrido total de 22.000 km. Para los próximos meses (antes de Navidad) anunció la inauguración de la ampliación de Línea 3. Así como, esta semana se presentarán las cuatro alternativas para el trazado de los 33 kilómetros que ocupará la renovada Línea 11. El presupuesto de todos estos proyectos, sumado a la adquisición de nuevos trenes, ha supuesto la mayor inversión de la historia de este servicio de transporte.

Sin embargo, entre sus mayores prioridades sigue estando resolver la situación de los afectados de la Línea 7B, asegurando que están en permanente contacto con las asociaciones de vecinos y familias, para atender todas sus necesidades, como brindarles apoyo sicológico, entre ellas. Así como generar líneas de ayuda y financiación para los comerciantes locales.

Por si fuera poco, la vuelta del pasado verano traía una primera prueba de fuego para la renovada consejería. La DANA azotaba con crueldad los municipios de Aldea del Fresno y Villamanta, especialmente. Un desafío en el que aplicaron todos los recursos de la región para reaccionar ante catástrofes imprevistas. Así, anunció la próxima inauguración de los puentes que volverán a comunicar los municipios más afectados por la borrasca.

También han sido protagonistas en este primer año de legislatura los reglamentos del taxi y VTC. Que por fin adaptaban, considerablemente, la actividad de estos servicios a la realidad actual de la movilidad madrileña. Mientras, volvió a lamentar la crisis de Cercanías, que vivía su momento más tenso en diciembre, con tres descarrilamientos consecutivos: «Los madrileños pagan 20 millones de euros por culpa de las incidencias de Cercanías, que tiene que acabar cubriendo la red de Metro». Sin embargo, Jorge Rodrigo, aclara que el Gobierno Regional «no pretende reclamar la gestión de Cercanías para así utilizarlo como moneda de cambio, como han hecho en otras regiones». Sí reconoció que la red de Cercanías, cuenta con una de las mejores infraestructuras de Europa, «pero debe funcionar bien», advierte.

Más inversión en El Cañaveral

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobaba este martes la modificación del plan en El Cañaveral, que contempla un gran parque central para el barrio, un carril bici de 2,3 kilómetros y un intercambiador de transporte. La iniciativa, impulsada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, permitirá ordenar la zona central del ámbito en torno a un gran parque, reservar suelo para la futura implantación de un intercambiador modal de transporte público y realizar ajustes que den coherencia al planeamiento y a la urbanización ejecutada. Estas modificaciones buscan mejorar «la calidad de los espacios urbanos, así como la capacidad de servicio y la funcionalidad de las dotaciones públicas.