Los inspectores de Hacienda contra la quita por «fracturar España»

En representación de los inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán comparecía ayer en la Asamblea de Madrid sobre el acuerdo sobre la quita de deuda de las autonomías o el conocido como «cupo catalán». La presidenta de la Asociación que engloba a gran parte de estos profesionales públicos, fue contundente en su intervención, señalando «el riesgo y las irreversibles consecuencias que puede tener dicho acuerdo para el conjunto nacional. Esta comisión había sido constituida formalmente en abril de 2025, con María Josefa Martínez (PP) como presidenta y Eduardo Gutiérrez (Más Madrid) como vicepresidente, secretario Francisco Galeote (PP). El objetivo es evaluar el impacto económico, fiscal y público que estas medidas tendrían sobre Madrid.

Sobre estas cuestiones, De la Herrán comunicó «la profunda preocupación de los profesionales de la Agencia Tributaria por esta situación, ya que existe el riesgo real de fracturar el Estado». Así, también declaró que desde que se anunció este acuerdo de Singularidad Fiscal de Cataluña, «no he recibido ningún argumento bajo el que se pueda defender su constitucionalidad, sino que todo indica que se está lanzando un órdago a la Constitución». Entre sus calificativos, llegó a definir la medida como un ejercicio de «fuerza bruta» e incluso de «violación del Estado de Derecho».

De la Herrán trasladó la incomodidad que se siente desde los funcionarios de la Institución por no haberse dado «ni voz ni voto a ninguna otra Comunidad», cuando es algo que afecta determinantemente al conjunto nacional. Del mismo modo, reiteró la voluntad del inspector de Hacienda por «servir al bien común y no al particular, velando así siempre por la seguridad jurídica», algo que se vulneraría completamente en este acuerdo.

El representante y secretario del Grupo Popular, Francisco Galote, consultó a De la Herrán por la trascendencia internacional que tendrá esta medida y del coste que tendrá para los españoles. Con rotundidad, ella manifestó que «este acuerdo va en contra de todos los estándares internacionales, y que las ocasiones en las que se han intentado aplicar han sido sinónimo de despilfarro y gasto innecesario». Así, predice que supondrá unos gastos innecesarios para el conjunto de la ciudadanía, como también un descenso de la eficiencia de la Agencia Tributaria, por culpa de la duplicación de esfuerzos. Para ella, esto incrementará los plazos para acceder a la información fiscal de cada ciudadano o institución, así como dificultará el control de las irregularidades». Por ello, concluyó que esta medida perjudica a los contribuyentes mientras favorece el fraude fiscal y aumenta el gasto público. Aunque lo más grave para la presidenta es que «supondría una grieta institucional sin precedentes, rompiendo con valores como la igualdad o la solidaridad del Estado. Una fractura inédita en Democracia», remató.

Por su parte, para Francisco Galote (PP), la medida no representa más que una nueva estrategia «para hacer caja y financiar otro proceso por la independencia de Cataluña», criticando a la vez la «complicidad» con la que está contando por parte de Sánchez.