La ofensiva de Rivas Vaciamadrid contra las constructoras se recrudece

El pasado 8 de marzo saltaba la noticia: el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, conformado por Izquierda Unida-Más Madrid-Verdes Equo y cinco del PSOE, había interpuesto una denuncia en la Guardia Civil contra una empresa urbanística por un presunto delito de falsedad documental. La supuesta denunciada, Jarama Desarrollos Inmobiliarios, S.L., fundada hace 46 años, y que llevaba operando desde hace más de dos décadas en el municipio. El motivo, según publicaron varios medios, estaba en que la compañía habría "manipulado" un documento oficial del Canal de Isabel II por el cual se autorizaba el tratamiento de aguas fecales para una promoción de 54 viviendas que se iban a edificar en el municipio. Una situación sin duda excepcional, y que desde la propia constructora quisieron explicar, con un comunicado en el que recalcaban la buena fe de todas sus actuaciones, regidas por los procedimientos habituales, y achacando a un "malentendido" la tramitación de la licencia.

La situación llegó al Pleno del Consistorio, celebrado la semana pasada. La portavoz del PP, Janette Novo, inquirió al respecto al equipo de Gobierno. "Teniendo en cuenta que la empresa forma parte de la historia del municipio, y entre cuyos representantes se encuentra Armando Rodríguez Vallina, creador del barrio de Covibar, ¿por qué el Gobierno municipal, ante un documento que considera carente de requisitos, no decidió requerir a la empresa su subsanación?". Y es que, considera, el Ayuntamiento habría presupuesto una "mala fe", por parte de la empresa.

La concejala de Urbanismo, Yasmin Elena Manji, "frenó" los titulares surgidos hace unas pocas semanas asegurando que su Ayuntamiento "no ha interpuesto ninguna denuncia de forma directa contra ningún particular". "Puso en conocimiento de las autoridades una serie de hechos que podrían constituir un ilícito penal. Deberán ser dichas autoridades quien procedan a investigar dichos hechos y su alcance jurídico". La concejala apostilló que el documento, según les dijeron los mismos técnicos del Canal de Isabel II, "carece de validez, no tiene fecha ni firma ni se adecua a la imagen corporativa de los documentos del canal de Isabel II".

Para el PP ripense, este nuevo conflicto es un paso más dentro de la escalada del Consistorio contra la construcción. Novo recuerda que el Ayuntamiento "ha paralizado durante más de dos años las licencias de construcción de la ciudad", además de manifestarse "en contra del crecimiento urbanístico de Rivas Vaciamadrid". "No queremos sospechar que, incluso, pretenda llevar a la empresa a una difícil situación económica con intenciones expropiatorias, al más puro estilo chavista con aquel conocido “exprópiese” de Hugo Chávez, algo que no dudo en absoluto teniendo en cuenta que quien tiene la sartén por el mango es la parte comunista de la coalición. Todos sabemos que el PSOE, fagocitado e invisibilizado, poco pinta en el Gobierno, y la parte de la extrema izquierda quiere congraciarse con Yolanda Díaz con la intención de que los de Sumar no sigan mutando en Restar", afirma Novo.

Hay que recordar que el Ayuntamiento, en octubre de 2021, convocó a los vecinos a las urnas para un «referéndum popular»: ¿estaban o no de acuerdo en paralizar el crecimiento urbanístico de la ciudad? Bajo el eslogan «Rivas, párate a pensar», ganó el «sí» con más del 80% de los votos. Una consulta en la que participó menos del 20% del censo y en la que se podía votar a partir de los 16 años.

Previamente, en julio de 2021, el Pleno del Consistorio aprobó la suspensión cautelar de licencias en el desarrollo del Cristo de Rivas. Unos terrenos que pertenecen casi en su totalidad a la empresa Jarama. La pretensión del Ayuntamiento no se limitó a esa zona: un mes después de la consulta, en noviembre de 2021, el Pleno decretó la suspensión de licencias en todo el municipio. Una medida prevista en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid por espacio de un año y prorrogable a dos, algo a lo que Rivas se acogió. El argumento para la prórroga es que el Consistorio necesitaba tiempo para modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Este "veto" a la construcción no ha traído consigo una bajada del precio de la vivienda. Según datos de Idealista.com, si en julio de 2021, el precio del metro cuadrado en el municipio estaba en 2.244 euros, actualmente está en 2.474, lo que supone un diez por ciento más.

Desde las filas populares, consideran además que en la localidad, tradicionalmente el gran bastión "rojo" de la región, se ha dado un cambio sociológico en su población. No en vano, en las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP pasó a ser, por primera vez, el partido más votado, si bien no pudo conformar gobierno.