Sol culpa a Morant de pactar a escondidas con el País Vasco

El Gobierno madrileño no ha ocultado su malestar y alarma después de conocer que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco han alcanzado un acuerdo, de manera bilateral, sobre Real Decreto que endurece los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades privadas en España.

Madrid, que se ha opuesto desde el primer momento a esta nueva normativa que el Gobierno justifica con la idea de acabar con «chiringuitos», cree que este acuerdo se ha hecho para contentar al País Vasco y responder a sus pretensiones al margen del resto de autonomías . Tal y como expone públicamente el Ministerio de Diana Morant y el País Vasco han acordado que las universidades con una oferta de estudios mayoritariamente online sean de competencia estatal, exceptuando aquellas que cumplan uno de estos tres requisitos: aquellas que cuenten con precios públicos fijados por cada comunidad autónoma; aquellas que tengan su sede en territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la docencia se vaya a impartir en dicha lengua; y aquellas que tengan financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.

Además, se ha acordado que, en el desarrollo del proceso de evaluación de las propuestas de creación de nuevas universidades y de reconocimiento de las universidades ya existentes, «las agencias de calidad de las comunidades autónomas podrán incorporar sellos de calidad como parte de los criterios establecidos en el proyecto de modificación del Real Decreto 640/2021 (artículo 4.3) en el ejercicio de sus competencias y de su autonomía».

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha escrito una misiva a la ministra de Universidades en la que le recuerda que el máximo órgano de cooperación y coordinación para negociar todo lo relativo a la educación superior es la Conferencia General de Política Universitaria.

El consejero madrileño recuerda que en el último pleno en el que participaron las comunidades autónomas, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas se opusieron a este proyecto normativo. «Expresamos que se trataba de un atropello a la Constitución Española, a nuestras competencias en materia universitaria; un texto plagado de arbitrariedades e inseguridad jurídica que solo buscaba acabar con la iniciativa privada, contentar a los socios de gobierno y atacar a determinadas comunidades autónomas».

Así las cosas, el Consejero madrileño pide que se dé marcha atrás en lo que considera «un atropello» y pide que se convoque un pleno extraordinario de la Conferencia General de Política Universitaria.

«Ya lo expresé entonces y reitero ahora mi rechazo hacia este proyecto normativo, también en el procedimiento –pues aquel día ni tan siquiera nos permitió votar- y a cómo se sigue tramitando la norma, con reuniones al margen de los órganos que la ley prevé para esto y con absoluta deslealtad institucional», ha sentenciado el consejero madrileño. De hecho, desde el Gobierno autonómico no se descarta recurrir esta norma, una vez aprobada, que se tramita como decreto.