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Medio Ambiente
Europa «impone» la agricultura ecológica
La Comisión acaba de presentar su Estrategia para «reverdecer» el sistema alimentario. Apoya la producción ecológica y reduce el uso de productos químicos, además de apostar por el consumo local y castigar a los grandes propietarios. Entre los temas controvertidos se vuelve a colocar la ganadería y los presupuestos, en vilo esta vez por la crisis de liquidez provocada por la pandemia
La Comisión Europea presentó hace unos días las Estrategias «De la granja a la mesa», una guía para cambiar el sistema alimentario y ponerlo en el camino de la transición ecológica. Sus objetivos van desde disminuir un 50% el uso de plaguicidas, un 20% de fertilizantes y un 50% de antimicrobianos para animales de granja y acuicultura, hasta alcanzar un 25% de cultivo ecológico para 2030. También quiere potenciar el consumo local y acortar los canales de comercialización.
El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ya ha dejado claro que muchos ganaderos y agricultores deberán «hacer esfuerzos, especialmente aquellos de producciones intensivas». Ahora bien, las propuestas tendrán que reflejarse en la futura Política Agraria Común (la nueva PAC 2023) y encontrar su respaldo presupuestario en el Marco Financiero Plurianual para 2021-2027 que se está negociando estos días.
Marta Rivera, investigadora de la cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic y miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobreelCambioClimático(IPCC), afirma que la Estrategia es un avance «pero se queda corta. Los planteamientos habrían sido revolucionarios hace 10 años. Ahora con la emergencia climática no lo es. El texto no rompe del todo con la narrativa de la productividad, pero la agricultura no es una commodity; está muy relacionada con la pérdida de biodiversidad. biodiversidad. Sin embargo, sí hay un cambio importante en considerar la alimentación como un bien común. El modelo agroalimentario es complicado y exige muchos ajustes». Eso explica, dice Rivera, que los agricultores discrepen con algunas medidas concretas. Una de ellas: los fitosanitarios. «Si no pueden echar ciertos productos es obvio que al principio van a perder productividad, y tarda tiempo en recuperarse. La PAC siempre la han tenido que pagar los agricultores, a los que no se puede culpar».
Como científica, el problema ambiental que generan estas sustancias está claro y demostrado: «tienen un impacto directo en los microorganismos del suelo, que son los que garantizan su funcionamiento», dice. Sin embargo, desde las organizaciones agrarias matizan. «Vamos haciendo lo que nos marcan con el cambio climático. Ya no se labran las tierras, creamos una cubierta vegetal, desbrozamos. Pero, ¿cómo vamos a dejar que las malas hierbas se coman las cosechas? Nos hemos ido adaptando a las normativas, ahora usamos tiras de feromonas en lugar de los neonicotinoides que se han dejado de usar porque perjudican a las abejas. La cosas hay que hacerlas con criterio científico, porque si no no se pueden prohibir sin dar alternativa», afirma Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Otra mención que no parece convencer ni a unos ni a otros es la que hace referencia a la reducción del consumo de carne. Sin
embargo, «no matiza ni especifica el resto de servicios positivos de la ganadería en extensivo, la de pasto, por ejemplo, en la prevención de incendios. Se trata de racionalizar el consumo y hacer un reparto equitativo entre proteína animal y vegetal. Por otro lado, hay que diversificar y desintensificar la producción en general, también la ganadera. Si las explotaciones se reconvirtieran en parte a extensivo o semiextensivo se reduciría también el consumo de cereal asociado», cree Aina Calafat, coordinadora del área de proyectos internacionales de la Sociedad Española de Agroecología (SEAE).
«El 60% de la ganadería en nuestro país es extensiva, pero como sector se le acusa mucho del cambio climático y, sin embargo, representa el 7% de los GEI en Europa y Europa unos 10-12% del total de emisiones del mundo. Estamos hablando de que en el mejor de los casos su aportación es del 1%», explica Ignacio López, director del departamento de Internacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). La organización cree que, «en general, la Estrategia son palabras bonitas, pero hay que encontrar el equilibrio entre sostenibilidad ambiental, la social y la económica. En un tercio del terreno agrícola en España se concentra el 60% de la producción. La solución pasa por invertir en tecnología y hacer más con menos, en formas de riego inteligente y agricultura de precisión».
Uno de los puntos clave y más complejos se deriva de los precios y de los presupuestos. El sector agrario llevaba meses saliendo a las calles a manifestarse, porque a veces les cuesta más producir que lo que sacan por ello. En ese contexto, ¿cómo se puede abordar con éxito la transición? «Cualquier cambio tiene que venir acompañado de presupuesto y de garantías a la rentabilidad. No es normal que un olivarero perciba un euro menos por la aceituna que lo que cuesta en la calle un litro de aceite. Hay muchos especuladores y concentración en la distribución», dicen desde UPA.
Para eso, la Estrategia incentiva el consumo local y los canales cortos de comercialización, pero con matices. «En términos de consumo se limita todo a la decisión en libertad de consumidores bien informados, pero eso nunca ocurre. Las restricciones a la industria serán voluntarias, por ejemplo, a la hora de publicitar carnes baratas, aunque medioambientalmente sean perjudiciales perjudiciales y otras cosas que en la alimentación infantil deberían estar prohibidas directamente», opina la investigadora del IPCC.
Esta semana que ha comenzado en Europa la negociación sobre el Marco Financiero Plurianual para 2021-2027, la agricultura española se juega 45.000 millones de euros. «Normalmente la aportación de cada Estado se sitúa entre el 1,1 y el 1,3% del PIB. Pero hay división entre quienes piden este año que suba la aportación incluso dos puntos y los países del Norte que piden que se mantenga por debajo del 1%. La ambición medioambiental es muy alta y eso necesita presupuesto y sectores castigados durante la pandemia como el caprino van a necesitar ayudas», explica el técnico de Asaja. Una vez se aclare este asunto, el sector primario sabrá cuánto dinero habrá encima de la mesa para la próxima PAC. «Se tendría que haber puesto en marcha en 2021, pero se ha retrasado dos años», detalla Calafat .
CAMBIAN LAS AYUDAS
Uno de los puntos que más ha gustado tanto a productores en ecológico como a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos familiares es «el reconocimiento de que la PAC ha favorecido durante muchos años a los grandes propietarios y corporaciones y plantea un cambio», dice Rivera. «Se quiere establecer un techo de ayuda de 100.000 euros por hectárea y una condicionalidad al pago básico en función de las mejoras sociales y medioambientales de cada explotación, como la rotación de cultivos o la siembra de legumbres», matizan los productores ecológicos.
Ramos recuerda como autónomo que es que «en España y prácticamente en Europa el 80% los agricultores y ganaderos son pequeñas y medianas empresas familiares. Desde la UE se ha favorecido a los terratenientes y a los grandes propietarios y se ha castigado a las explotaciones pequeñas. No es normal que hay gente cobrando 300.000 euros solo por poseer tierras. La agricultura no es de subsistencia, sino un sector profesionalizado. Somos los guardianes del territorio, los que habitamos en los pueblos y en esta pandemia se ha visto que nuestro trabajo asegura el abastecimiento. Si desaparecemos ¿qué hacemos, traemos todo de fuera?»
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