La ampliación de las ZBE será un freno para la economía madrileña

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de convertir, a partir del próximo año, todo el término municipal en Zona de Bajas Emisiones (ZBE) provocará un inmediato incremento de los precios de todos los productos y perjudicará gravemente al turismo de la ciudad, según denuncian la totalidad de las asociaciones de empresarios de transporte de mercancías que califican además de “inflexible” la actuación del Ayuntamiento. La norma obligará a achatarrar miles de camiones y autobuses en perfecto estado de uso y con su ITV al día, en muchos casos con menos de diez años de antigüedad.

Argumentan los empresarios que el consistorio madrileño no ha buscado un equilibrio entre el desarrollo medioambiental y el económico y que ninguna otra ciudad española tiene planteada una actuación restrictiva similar. Estiman que estas medidas no responden a ninguna exigencia medioambiental, como lo demuestra el hecho de que en los últimos años la calidad del aire en la ciudad ha mejorado de forma importante, no habiéndose producido ningún episodio de alta contaminación desde 2020 según los datos oficiales publicados por el propio consistorio.

Creen que tampoco se debe a ninguna exigencia normativa de ámbito estatal o europeo ya que el propio Ministerio de Transición Ecológica en su Guía de Directrices publicada en 2021 para la Creación de las Zonas de Bajas Emisiones, elaborada conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias, planteaba la necesidad de dar un tratamiento específico favorable a sectores profesionales como el del transporte y reparto para posibilitar que pudieran seguir prestando su actividad esencial: “El sector del reparto de mercancías y la logística requiere especial atención en las Zonas de Bajas Emisiones, asegurando que continúa prestando servicios”.

Indican que, como como consecuencia de las restricciones a más de la mitad de la actual flota de transporte a partir del próximo mes de enero por la norma impuesta por el Ayuntamiento, se producirá un importante encarecimiento de buena parte de los productos de alimentación y otros bienes que se consumen en la ciudad de Madrid por la reducción de la oferta de transporte ocasionada por dicha política que tacha de “ultra ecologista”. Otro de los sectores que se verá muy perjudicado es el del transporte de mudanzas, ya que se trata de un sector con vehículos con una mayor vida útil debido a que durante gran parte del servicio se encuentran estacionados amparados por una autorización de ocupación de la vía pública, por lo que su incidencia en el medio ambiente es muy baja.

Otra consecuencia añadida será el de la práctica paralización de todos los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo en la ciudad, en especial los del Sureste, así como los previstos tanto en Madrid Nuevo Norte como en la Operación Campamento, al impedirse que gran parte de la actual flota de vehículos de transporte de obras pueda continuar prestando su actividad, sin que exista alternativa alguna que pueda suplirla.

Por lo que al sector del transporte de viajeros se refiere, a partir del próximo uno de enero el 45% de los vehículos de transporte de viajeros discrecionales y turísticos no podrán acceder al centro de Madrid. Esta medida supondrá un grave perjuicio de movilidad para los turistas y demás usuarios de estos servicios en la ciudad de Madrid, generando una disminución de la actividad turística, especialmente de los tours organizados para la visita de la ciudad, así como una evidente reducción del transporte de escolares y de trabajadores en dicha área, que repercutirá también en el resto de la sociedad madrileña, que será la gran perjudicada, incidiendo negativamente en el desarrollo económico de la ciudad y repercutiendo en los servicios de transporte al ver incrementados los costes de los mismos.

Por todo ello, las asociaciones del sector del transporte han solicitado el apoyo de la Comunidad de Madrid para poder asegurar el desarrollo económico de la región.