Vivienda

Alerta en Águilas por el aumento de la okupación ilegal de viviendas

El PP recuerda que lleva dos años pidiendo el impulso de medidas legales con las que combatir la situación, con el rechazo del PSOE

Imagen de archivo de un edificio ocupado ilegalmente, con tablas de madera en las ventanas
Imagen de archivo de un edificio ocupado ilegalmente, con tablas de madera en las ventanasJESUS G. FERIA.JESUS G. FERIA.

Crece la sensación de inseguridad en la localidad de Águilas. Según el PP municipal, la okupación ilegal de viviendas es un fenómeno que aumenta «y ya se han multiplicado las denuncias por allanamiento de domicilios». Así lo expuso esta semana la dirigente popular de Águilas, Eva Reverte, quien también recordó que desde las filas populares llevan dos años solicitando que se «endurezcan las penas contra la ocupación».

Según recordó Reverte, la vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación en contra de la voluntad del propietario o poseedor con título o derecho, pero dichas medidas «deben de ser adaptadas y mejoradas para permitir una protección efectiva a los titulares».

La dirigente señaló que en septiembre de 2020, el equipo de Gobierno socialista del PSOE de Águilas rechazó una moción presentada por el PP en la que se solicitaba al Gobierno central que se «impulsasen reformas legales oportunas», con el objetivo de «combatir de manera ágil y efectiva la ocupación ilegal», garantizando de esta forma el derecho a la propiedad, la seguridad de personas, bienes y la convivencia social.

«Pedíamos que los okupas pudiesen ser expulsados; que dichos okupas no pudiesen empadronarse en las viviendas; que las comunidades de propietarios pudiesen tomar medidas legales y que las personas jurídicas pudiesen iniciar los procedimientos de desalojo», enfatizó. Además, insistió en que los argumentos que el PSOE local esgrimió para rechazar la propuesta del PP «fueron que ya existían medidas, pero está comprobado que son insuficientes».

Reverte incidió en que una de las prioridades ha de ser el «desalojo inmediato de la vivienda ocupada en 24 horas por parte de la policía en caso de que la situación sea de flagrante delito». En este sentido, abogó a la responsabilidad de los representantes de los ciudadanos en «velar por la seguridad de los aguileños y la de sus propiedades». «Hay que entender la preocupación y el miedo a perder por lo que tanto han trabajado, y ese miedo es algo que se ve en la calle todos los días».

Finalmente, la presidenta del PP aguileño puntualizó que, en cualquier caso, hay que tener claro y saber diferenciar una ocupación ilegal de un caso de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección de las familias en situación de emergencia social. «A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege», zanjó.