La Abogacía del Estado interpone un recurso contra la moción de Jumilla que prohíbe rezos en espacios deportivos

La Abogacía del Estado de España ha interpuesto, a instancias del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, un recurso contencioso-administrativo contra la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla que impide la celebración de actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Consistorio en instalaciones deportivas municipales.

El órgano ha solicitado la suspensión cautelar del acuerdo al entender que este "tiene por única finalidad limitar injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana, lo que resulta contrario al artículo 16 de la Constitución española", según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Así, la Abogacía del Estado considera que la moción, que salió adelante con el apoyo de PP y Vox, "infringe el principio de neutralidad confesional de la Administración, el principio de reserva de ley asociado a la limitación de los derechos fundamentales, y la exigencia de motivación suficiente y proporcionalidad en la limitación del uso de los espacios públicos".

Igualmente, considera que "solo responde a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores", quienes señalaron que el acuerdo "se fundamentaba en la necesidad de limitar la práctica de ritos y celebraciones importadas, como la conocida como 'fiesta del cordero', que, a juicio del Ayuntamiento, resultan completamente ajenas a los usos y costumbres que han configurado nuestra identidad nacional de forma continuada".

El recurso recuerda que la comunidad musulmana de Jumilla ha utilizado el pabellón deportivo municipal para la celebración de festividades religiosas desde hace décadas, siempre previa solicitud y el pago de tasas correspondiente, sin que, hasta la fecha, "haya existido problema de orden público alguno".

Esta decisión llega después de que el Ayuntamiento de Jumilla no respondiera al requerimiento presentado por el Gobierno el pasado mes de agosto para que anulase el acuerdo adoptado en el pleno del 28 de julio, por el que se prohibían los actos religiosos en centros deportivos de la localidad.

El Gobierno ha expresado su preocupación por la "deriva autoritaria de la derecha y la ultraderecha" y ha reafirmado su "compromiso" en "instar la paralización y eventualmente recurrir cualquier medida de ayuntamientos y comunidades autónomas que limiten derechos fundamentales".

En este sentido, ha citado como ejemplos "los casos de la censura educativa en Murcia ('pin parental'), el chantaje institucionalizado a las mujeres que quieren abortar en Castilla y León o Madrid o la derogación de las leyes de memoria de la mano de defensores de la dictadura".

Cabe recordar que Francisco Lucas anunció el pasado 18 de septiembre que había solicitado a la Abogacía del Estado la interposición de un recurso para revocar la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla.

La Delegación del Gobierno, el pasado 11 de agosto y al amparo de lo previsto en el artículo 65 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, formuló un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que procediera a la revocación del citado acuerdo, al considerar que "constituye una vulneración del ordenamiento jurídico".

En concreto, precisó que "supone un menoscabo del derecho fundamental a la libertad religiosa, contemplado en el artículo 16 de la Constitución, y el principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, así como la exigencia de motivación suficiente en la restricción del uso de espacios públicos conforme a la normativa estatal".

"Llevaremos al Ayuntamiento de Jumilla a los tribunales para defender los derechos fundamentales de todos los jumillanos y las jumillanas. En este caso, el derecho a la libertad religiosa, protegido por nuestra Constitución", señaló entonces el delegado del Gobierno en la Región.