La moción

El deporte español ha perdido el 50 por ciento de su poder adquisitivo –recibe del Estado la misma subvención en 2018 que en 1986 (35 millones de euros), sólo cambia la moneda– y en la proporción inversión-resultados lidera la clasificación mundial. Razones del milagro: fantásticos deportistas, magníficos entrenadores, esfuerzo suplementario e impagable de las familias, reinvención de las federaciones, captación de patrocinadores como la UCAM –350 olímpicos becados y más de 15 millones destinados al deporte–, Telefónica –Becas Podium–, la Fundación Trinidad Alfonso o LaLiga. Y, sin embargo, papá Estado saca pecho, farda de Marca España con embajadores de lujo, no se pierde una fotografía y asiste impávido al desmoronamiento del programa ADO, empobrecido según pasan las Olimpiadas.

Para el ciclo 2016-20, los ingresos han descendido un 40% con respecto a los Juegos de Río y un 65% con los de Pekín en el retrovisor. Se espera, no obstante, que con la nueva Ley del Deporte se pueda atajar el deterioro, atraer de nuevo a las empresas y convencer a los políticos refractarios o incapaces de atender a la gravedad de la situación de que invertir en este sector, además de saludable, es beneficioso para un país que no debería necesitar una moción de censura de los deportistas para espabilar a quienes tienen la sartén por el mango. La situación es tan delicada que el CSD ha tenido que rascarse el bolsillo, más allá de las subvenciones anuales a las federaciones, para poder cumplir con los becados, que siguen esperando que con 22 millones sea suficiente.