Sánchez tiene un plan B para ERC

El largo «proceso» nos ha dado algunas lecciones políticas. Una de ellas, que coincide con el actual periodo, es que el nacionalismo catalán no tiene la fuerza suficiente –ni electoral ni social– para conseguir la independencia de la manera que quiere, pero sí la necesaria para desestabilizar al Estado e impedir la gobernabilidad en España. La situación de bloqueo que vivimos tiene una razón de ser basada en la crisis abierta por el nacionalismo al romper el orden constitucional y forzar a posiciones de máximos, bien en defensa de la Constitución y la unidad territorial, bien para acabar con el «régimen del 78». El independentismo ha confundido su absoluta hegemonía cultural y política –y el uso abusivo de herramientas tan poderosas como TV3 y los medios de comunicación públicos– con una sociedad uniformada tal y como su ideario preveía. Pero, claro, no todos los catalanes piensan igual. Efectivamente, JxCat, ERC y todo el magma asociativo secesionista no tienen fuerzas para imponer la independencia, pero sí para poner a España entre la espada y la pared. Y en eso están, intentando «volverlo hacer», aprovechando cualquier oportunidad, legal o política, que se deje abierta.

La sentencia del jueves del Tribunal de Justicia de la UE que dice que Oriol Junqueras tenía inmunidad desde que se proclamaron los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, aun siendo una cuestión procesal que no afecta a la sentencia de 13 años por sedición y malversación, ha sido anunciada como la última derrota del Estado. Hasta la definitiva, anuncian los que impulsaron el golpe contra la legalidad democrática. Lo que ha desequilibrado la situación es el papel del PSOE de Pedro Sánchez y su voluntad de ser investido con el apoyo de ERC. Para los socialistas, la sentencia del TJUE no tiene más inconveniente que los que puedan afectar a las negociaciones con el propio Junqueras. De ahí el voluntarioso anuncio de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, de «ayudar de la mejor manera» al Tribunal Supremo a «cumplir» la sentencia del TJUE. Se entiende que el Gobierno no puede «ayudar» al poder judicial en sus intenciones de que las negociaciones con ERC no queden bloqueadas más de lo necesario. A lo sumo, es tarea de la Abogacía del Estado, que ya recibió órdenes del Gobierno durante el juicio del 1-0 de retirar la acusación de rebelión. Ahora es ERC quien abiertamente ha exigido que no reemprenderá las negociaciones para la investidura de Sánchez si antes la Abogacía del Estado no se pronuncia sobre Junqueras, es decir, sobre si apoya su puesta en libertad. Por lo tanto, el Ejecutivo sí tiene un plan B para continuar negociando.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE tiene unas consecuencias políticas de primera magnitud: el futuro Gobierno de España dependerá de que ERC vea cumplida su estrategia de liberar cuanto antes a los independentistas que cumplen condena por sedición y abrir las puertas a un referéndum de autodeterminación, pero ahora efectivo. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo no sólo favorece a ERC en tanto que ésta deslegitima la acción de la Justicia española y debilita a Sánchez, sino porque ahora mismo controla el futuro del Gobierno de España. Que el momento de la investidura de Sánchez coincida con una crisis de esta envergadura no es producto del azar. Como decíamos, es precisamente el golpe contra el orden constitucional ejecutado en octubre de 2017 lo que abrió el actual bloqueo político por la posición irresponsable que mantiene ahora el PSOE de Sánchez, o abiertamente favorable a las tesis soberanistas de Unidas Podemos. Esta encrucijada sólo podrá resolverse desde un gran acuerdo de Estado en el que el PP y Cs deben ser parte fundamental. Nadie podrá negar que la situación lo requiere, pero hace falta mucha altura de miras.