Fiasco separatista; descrédito de Sánchez

Las últimas fechas, y sobre todo horas, han resultado frenéticas en el pulso político-mediático-jurídico que el separatismo, con acompañamiento del Gobierno y del PSOE, ha mantenido contra el Poder Judicial con los cambalaches de por medio en torno a la investidura de Pedro Sánchez y el futuro del gobierno de coalición. Se aprovechó la resolución del Tribunal de la Unión Europea para poner en jaque a la Justicia de nuestro país e, instrumentalizándola grosera y falsariamente, doblar el brazo de actuaciones inapelables en un procedimiento ciertamente ejemplar y absolutamente garantista como el del «procés».

En estas mismas páginas, defendimos que el fallo de los togados comunitarios no sólo no rebatía ni cuestionaba el fondo de las decisiones del Tribunal Supremo, sino que avalaba la plena competencia de sus posiciones respecto de la prisión provisional de Oriol Junqueras y su presunta condición de eurodiputado. Se trataba de una cuestión prejudicial en un momento concreto sobre una muy particular situación que en nada afectaba a la circunstancia presente del cabecilla republicano como condenado en sentencia firme por delitos de sedición y malversación. La poderosa maquinaria independentista, sus tendenciosos terminales y la complicidad del Gobierno crearon una entelequia fabulosa para dar a entender que Junqueras era eurodiputado, gozaba de inmunidad y, por tanto, debía ser puesto en libertad. De ese embeleco fraudulento participó el manoseo gubernamental impúdico de la Abogacía del Estado, en el que la institución se dejó jirones de prestigio y decencia profesionales, así como los votos de los socialistas catalanes en el Parlament junto a toda la pléyade de siglas golpistas, populistas y antisistema en favor de la cruzada pro Junqueras. Pero también, y hay que lamentarlo y censurarlo profusa y profundamente, las andanadas corrosivas de Pedro Sánchez, Adriana Lastra y otros cargos del Ejecutivo contra el papel del Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central en lo que encasillaron de formas hosca y desabrida como judicialización de la crisis catalana. Que el Poder Ejecutivo se haya dedicado a segar la hierba bajo los pies del Poder Judicial en la causa por el ataque más grave a nuestra democracia ha resultado inaceptable y una muestra de las peores prácticas, impropias de un representante público que supuestamente debe su lealtad al interés general. Nadie movió un dedo ni abrió la boca para amparar la dignidad y el crédito de nuestros togados asaeteados a diario en comparación con la que decían «ejemplar» respuesta de instituciones comunitarias como el Parlamento europeo y el TJUE, cuya ladina burocracia era utilizada de forma artera. Pero, como se sabe, las mentiras tienen las patas muy cortas.

Ayer, después de que el Supremo comunicara a Bruselas que Junqueras era un reo condenado en firme e inhabilitado, la Eurocámara retiró el reconocimiento del líder de ERC como eurodiputado, tal y como había estimado la Junta Electoral Central. El tiempo, en ocasiones, pone las cosas en su sitio y la verdad y la razón suelen prevalecer cuando, por lo demás, los enemigos de la ley embisten con torpeza, aunque con medios y complicidades poderosas, contra el eficiente y riguroso Estado de Derecho. El desenlace de Junqueras debería abrir los ojos a más de uno, pero los separatistas no aprenden. Por eso, Torra, con apoyo de Torrent y la mayoría del Parlament, se encastilló ayer en su poltrona y se negó a dejar el escaño después de la resolución de la JEC avalada por el Supremo tras una condena por desobediencia. Torra está inhabilitado y se prepara para sumar nuevos delitos a su deplorable ejecutoria. Por lo demás, estas agrías novedades explican las urgencias de Sánchez en sacar adelante una investidura que hoy muy probablemente no contaría con las abstenciones de ERC. El presidente entendió que el fin justificaba los medios y sepultó la Moncloa bajo el polvo del indigno camino por el que sus juristas arrastraron las togas. El revés de Junqueras lo ha sido también de Sánchez.