Europa obliga

La Justicia europea ha avalado esta semana que la UE congele los fondos a Hungría y Polonia si no cumplen con el Estado de Derecho, al desestimar los recursos de Budapest y Varsovia contra el mecanismo de condicionalidad sobre el respeto del Estado de Derecho en los Estados miembros de la UE. Es una decisión de enorme trascendencia, que ratifica el acuerdo político alcanzado por los países comunitarios en 2020, cuando crearon el mecanismo que vincula el dinero europeo a principios básicos de la democracia, como la división de poderes y la independencia efectiva de la justicia.

Ese nuevo paradigma europeo, consecuente plenamente con las previsiones contenidas en la Constitución Española, tiene un enorme valor para nuestro país, precisamente en estos momentos, en los que sufrimos las consecuencias del Gobierno de Sánchez, apoyado en una mayoría parlamentaria conformada por una izquierda dispuesta a radicalizarse, el populismo más radical, el nacionalismo independentista e incluso el batasunismo heredero de ETA. Una mayoría que ha desplegado una estrategia consistente en la ocupación de espacios de poder, rompiendo todos los equilibrios constitucionales y democráticos entre los distintos poderes del Estado, y que ha declarado la guerra nada menos que al poder judicial. Empezaron proponiendo a una ministra y diputada socialista, que lo había sido hasta un minuto antes, como fiscal general del Estado, al más puro estilo «uno de los nuestros». Continuaron con la aceptación natural, desde la parte socialista del Gobierno, de los insultos y descalificaciones a la Justicia española que lanzaban de manera continuada los ministros de Unidas Podemos, culminando en la actitud grave de resistencia a la inhabilitación de un, hoy, ex diputado. Sumaron aquellos indultos de la vergüenza a los políticos independentistas presos por delitos muy graves, corrigiendo y dejando sin efecto una sentencia del Tribunal Supremo, para consolidar un acuerdo parlamentario con ERC. Los ataques se han recrudecido, en determinados momentos, contra instancias como el Tribunal de Cuentas o la Junta Electoral, llegando al punto de que tres asociaciones que representan a más de 2.500 jueces españoles tuvieron que remitir un escrito a la UE denunciando lo que consideraban un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país. Todo ello sin olvidar aquella proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para reducir la mayoría necesaria para la elección de todos los miembros del CGPJ, que solo pudo ser frenada por la presión interna del principal partido de la oposición y la presión externa de la Unión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Todos coincidimos en que la situación del Consejo, que ha superado con creces su mandato, obliga a su renovación. Por eso hemos dicho, una y otra vez, que por supuesto que es una obligación constitucional y claro que hay que trabajar y dialogar para lograr esa renovación. También, que el Consejo está cumpliendo en todo momento con sus obligaciones y desarrollando sus funciones con un alto grado de cohesión y responsabilidad. Sin embargo, resulta totalmente inconcebible alcanzar un acuerdo sobre la composición, es decir sobre los sillones, sin que se suscriba por escrito uno previo que nos comprometa a los partidos que han gobernado y pueden gobernar España a reformar el Consejo para que sea por fin y plenamente acorde con la Constitución, así como con las nuevas exigencias europeas. Obligan la Constitución y Europa, esas dos luces que que alumbran con claridad el camino que tenemos que recorrer cuando queremos hacer bien las cosas. Es necesario que a un Poder Judicial tan independiente como el español lo gobierne un CGPJ que refuerce esta independencia.