El adoctrinamiento en las aulas

Lo que sucede en España es asombroso. En cualquier país de nuestro entorno sería un enorme escándalo que se utilizaran las aulas para adoctrinar a los jóvenes. La enseñanza en un derecho fundamental que debería estar presidido por una estricta neutralidad. Es algo que ni entiende ni acepta la izquierda política y mediática que considera que la educación tiene que estar al servicio de su concepción dogmática de la sociedad, la cultura y la Historia. Hay que tener presente que los totalitarismos, no importa su signo, la han considerado fundamental en su estrategia política. Los comunistas y los socialistas se infiltraron en la educación con enorme intensidad durante el siglo XX. Lo hicieron en todos los niveles. Hay que reconocer que tuvieron un gran éxito. Un buen profesor tiene que ser de izquierdas, pero, sobre todo, activista. Esto explica la permanente obsesión de los diferentes presidentes socialistas del Gobierno por una descarada ingeniería social. Es el último ámbito de batalla ideológica, porque en el resto de temas la tienen perdida. Ayuso confirmó ayer que la Comunidad de Madrid presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para hacer frente al descarado adoctrinamiento de la Ley Celaá en el currículo de Bachillerato.

Su lectura muestra un claro e inquietante sesgo que marca una orientación hacia la izquierda. Lo que se pretende resulta muy evidente, aunque el Gobierno se ha encargado de enmascararlo y abrir la puerta para que los libros de texto rezumen fanatismo. Los profesores socialistas, podemitas, antisistema, independentistas y bilduetarras se sentirán cómodos con la cobertura que les dará para el adoctrinamiento tanto el currículo de Bachillerato como los libros que utilizarán en las clases. Es lo que sucede, también, en una buena parte de las películas y series de televisión españolas. Me temo que el Tribunal Supremo se acabará lavando las manos, como ha sucedido en otras ocasiones, y considerará que los términos son lo suficientemente difusos para que puedan ser interpretados y desarrollados dentro de la libertad de cátedra que ampara a los docentes. El Tribunal Constitucional ha considerado que es «una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de los docentes en el ejercicio de su función». Espero equivocarme y que los magistrados atiendan el recurso del gobierno madrileño.