Irene Montero, sobre un posible indulto a Griñán: “Podemos nació para acabar con las peores prácticas del bipartidismo”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado sobre la posibilidad de indultar al expresidente andaluz José Antonio Griñán, que esa medida de gracia no se ha solicitado, aunque ha remarcado a continuación que Podemos “nació para acabar con las peores prácticas del bipartidismo” y que ese compromiso no cambia.

“Ni siquiera se ha producido esa petición de indulto, cuando se produzca lo valoraremos, pero lo que no cambia y permanece es ese compromiso de acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Para eso gobernamos (...) Este es un país mejor cuando se destierran esas prácticas”, ha señalado a los medios de comunicación en rueda de prensa el Congreso, cuestionada sobre qué le parecería conceder un indulto a Griñan.

El Tribunal Supremo ha asegurado que el expresidente andaluz tenía “conocimiento de la ilegalidad” del criterio que se siguió con los ERE, al tiempo que ha destacado su “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas, según consta en la sentencia que se ha dado a conocer este miércoles y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio.

Por otro lado, las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo creen que Griñán debería haber sido absuelto del delito de malversación, uno de los dos por los que ha sido condenado --junto al de prevaricación-- por el ‘caso ERE’, al considerar en un voto particular al fallo que no hubo “dolo” en su actuación porque al situarse fuera de la Consejería de Empleo no participó en la ejecución de la fase final de los presupuestos, por lo que solo ven en él un “exceso de confianza” hacia sus compañeros de Gobierno.

Mientras, su defensa prevé formalizar ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad respecto a la sentencia de dicha instancia que desestima su recurso de casación de Griñán, contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que le condena a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.