El error de «ejecutar» a Leguina

Talleyrand fue un personaje fascinante, incluso con sus incoherencias, su falta de principios y su colosal amoralidad. Era el vástago de una de las familias más poderosas de la nobleza francesa, que, como era habitual en aquella época, había buscado ancestros dudosos para dar mayor lustre a sus blasones. Es algo que han hecho aristócratas españoles, tanto los poseedores de títulos dados por los Trastámara como otros posteriores. El concepto de nuevo rico no es reciente, sino muy antiguo. Hasta las grandes familias romanas, incluidas las dinastías imperiales, fabulaban sobre sus orígenes. Talleyrand era un hombre acomplejado por su enfermedad y, sobre todo, por haber sido preterido en la sucesión familiar. Una vida dedicada a la ambición, aunque con un talento desbordante. Napoleón ordenó la ejecución del duque de Enghien, Luis Antonio de Borbón-Conde, el último descendiente de esta rama de la familia real, poco antes de ser coronado emperador. La reflexión de Talleyrand al recibir la noticia es aplicable al disparate cometido por Sánchez contra Leguina al expulsarlo del PSOE: «Algo mucho peor que un crimen: un imperdonable error». Es una frase que siempre me ha gustado, porque se puede utilizar habitualmente con las decisiones de los políticos.

No tengo ninguna duda de que la decisión contra el expresidente madrileño es un acto ilegal que sufrirá un duro varapalo judicial. La Constitución otorga una especial protección a los partidos al incluirlos en el Título Preliminar. El artículo 6 indica que «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». El ganar unas primarias y luego unas elecciones no es un título habilitante que ampare el autoritarismo. El funcionamiento debe ser democrático y acoger la pluralidad. Es cierto que su cumplimiento puede resultar incómodo para un líder, pero no se ajusta a la previsión constitucional y su desarrollo legal sancionar sin fundamento a un militante porque le da la gana al secretario general y al aparato del partido. Leguina no ha hecho nada en contra del PSOE, salvo que se incluya en ese concepto no ser un perrito fiel de La Moncloa.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).