Lecciones de constitucionalismo

Cuando Sánchez habla de escudo social en realidad le traiciona el subconsciente, porque él sabe que, a la gente, de lo que hay que escudarla y protegerla, es de su Gobierno. Por su política económica, que transforma en limosnas una política fiscal absolutamente depredadora y convierte en progresivas medidas que, cuando las proponía la oposición, eran regresivas. Pero también, y, sobre todo, por sus acciones en contra del Estado, cuyo escudo constitucional tanto están erosionando las cesiones del sanchismo ante sus socios y pulsiones.

El Rey lo advirtió en su noveno discurso de Nochebuena, que todos deberíamos leer con atención e interpretar sin partidismo. Su defensa de la Constitución solo encontró recelos o insultos en quienes sostienen, apoyan y acompañan al Gobierno de Sánchez, los mismos que consideran una antigualla la concordia y que prefieren rememorar el año 1936 a 1978. El monarca reconoció que vivimos “tiempos de incertidumbre”, habló de España como una nación “valiente y abierta” y aludió a la necesidad de “decidir nuestro destino juntos”.

Lejos de ello, Sánchez, imbuido por su estrategia frentista, ha continuado con su matraca, en medio de su balance anual y del enésimo paquete de medidas cortoplacistas, parches y tiritas. Ya saben: todo lo que hace él está bien y si algo está mal es por culpa de la oposición, a la que acusa con gran soltura de incumplir la Constitución, aunque nadie sepa qué día ni a qué hora o se haya interpuesto denuncia alguna. Lo dice él, con varias sentencias del Tribunal Constitucional en contra relacionadas con libertades básicas de los ciudadanos, el ejercicio de su representación política o, en la última decisión esquiva, por intentar una maniobra irregular que constituía una intromisión en otro poder del Estado.

El poder judicial, que es el mismo que le ha dado esta semana una lección de cumplimiento y dignidad constitucional, cuando, al elegir por unanimidad los dos magistrados del TC que le correspondía designar, ha dejado sin fundamento las críticas interesadas del Gobierno a una magistratura independiente, profesional y despolitizada, como lo es la española. Lo hizo por consenso, no por cuotas, impulsado por el bloque mayoritario, que logró una candidatura equilibrada, muy diferente de la designada por Sánchez, conformada por ex colaboradores suyos. El auto del TC, el acuerdo del CGPJ y el discurso del Jefe del Estado marcan un camino y son un espejo en el que los socialistas y sus socios deberían mirarse. Sobre todo, porque son muchas las cosas que nos jugamos en este 2023, año en el que España tiene que recuperar la estabilidad constitucional perdida.

Algo que pasa, a falta de los pactos de Estado a los que el sanchismo se ha negado, por dirimir en las urnas los dos modelos que defienden el PSOE y el Partido Popular. El primero consiste en trasladar la aritmética parlamentaria a un poder del Estado que se debería mantener ajeno a la política, mientras que el segundo, un sistema avalado por Europa, deja en manos de los jueces la designación de sus vocales, que es la forma definitiva de despolitizar la imagen de la justicia. El asunto no es menor cuando estamos en medio de una agenda de reclamaciones soberanistas, en la que la amnistía se ha logrado a base de taladrar con indultos y reformas el Código Penal y en la que ahora toca la consulta, con el Gobierno más débil de la historia de la democracia, dispuesto a ceder parcelas de soberanía y legalidad a cambio de apoyos. Esta situación solo se soluciona mediante la celebración de elecciones generales permitiendo que el Pueblo español hable cuanto antes.