Chantaje ético y moral: ayudas a cambio de presupuestos 

Transcurrida más de una semana de la explosión de la DANA, resulta lamentable constatar que lo que políticamente sigue dominando –pese a sus dramáticas consecuencias–, es el enfrentamiento entre el Gobierno de España y la Oposición. Y ahora agudizado por la mezquina pretensión de un auténtico chantaje político al pretender condicionar las ayudas a los damnificados, a que se le apruebe al gobierno la ley de presupuestos. Lo sucedido el domingo en Paiporta, considerado el epicentro de la tragedia y la indignación vecinal, es un reflejo de todo lo sucedido. El ejemplo dado de la gestión de esta catástrofe a la sociedad española –y a nivel internacional– ha sido lamentable y cuando menos, cabe exigir que se haya aprendido la lección para que nunca más se reproduzca un caos como el vivido, con un inquilino de La Moncloa que se limita a decir a los valencianos que «si necesitan ayuda que la pidan» y que «desde el minuto uno estaban preparados». Sería conveniente que se hubiera leído antes la ley reguladora del Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias, que precisamente integra la Protección Civil de todas las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Porque esa ley de Julio de 2015 tiene como finalidad optimizar la gestión de los medios necesarios (y los disponibles), para afrontar una emergencia, coordinando a las instituciones titulares de esos servicios. Ayer, una semana después, el Consejo de Ministros comienza a aplicarla en cuanto a las ayudas correspondientes a los damnificados, trasladando la impresión de que no se la ha querido aplicar desde el primer momento como hubiera procedido, para gestionar de manera adecuada la emergencia. El porqué de esa actuación no deja mucho margen para la duda, anteponiendo intereses mezquinos personales y políticos a la tarea inexcusable de proteger a la población expuesta. Aunque hay que decir que los españoles han respirado aliviados cuando Sánchez ha anunciado que «se encontraba bien» tras haber estado trabajando arduamente en medio del lodazal de fango de Paiporta. Ahora, anuncia un «Plan Sánchez» para Valencia, mediante ayudas a los Ayuntamientos y damnificados, pero condicionado a que haya presupuestos. El Real Decreto Ley es una institución jurídica prevista por la Constitución precisamente para este tipo de acontecimientos de «extraordinaria urgencia y necesidad» y así se ha actuado siempre en ocasiones similares. Pero ahora necesita «casualmente» que se le aprueben los presupuestos previamente. Sin duda debe haber sido ésta la causa de que se haya actuado de manera tan lamentable en la gestión de la catástrofe: para que los damnificados le aprueben los presupuestos, y así él pueda seguir en La Moncloa.