Sin Perdón

La desolación sanchista y la independencia judicial

«La cuestión de fondo es que Sánchez autorizó una operación de las cloacas contra Isabel Díaz Ayuso filtrando datos reservados que afectaban a su pareja»

La disparatada reacción del sanchismo muestra que la condena del fiscal general del Estado es un duro golpe para sus expectativas políticas y económicas, ya que hay mucha gente que vive muy bien gracias a la generosidad del líder del PSOE. Las interpretaciones de los leguleyos de cámara del régimen y los periodistas y activistas de las tertulias de los medios que no han estudiado Derecho son lamentables. No hay un texto de la sentencia y solo conocemos que ha sido condenado como autor de un delito de revelación de datos reservados y que le absuelven del resto de delitos. En este sentido se han pronunciado cinco de los magistrados del Supremo y se han producido dos votos discrepantes. A pesar de ello, algunos hablan de división como si las partes fueran casi iguales. Con un desconocimiento de la carrera judicial, se decide que hay un sesgo conservador, aunque algunos no lo sean, porque si fuera progresista, estaría muy bien. Es bueno recordar que el modelo de jurista para la izquierda es aquel que está al servicio de Sánchez como Conde-Pumpido y sus mariachis. A ver si les dan sus treinta monedas de plata y llegan juristas que estén dispuestos a defender la Constitución, la separación de poderes y el Estado de Derecho.

He escuchado y leído con enorme interés las reacciones al fallo, así como adelantan que habrá indulto y que el Constitucional de Conde-Pumpido lo declarará inconstitucional. Me espero cualquier cosa de alguien que ha demostrado una carencia de principios sin parangón, pero un choque con el Supremo puede traerle muy malas consecuencias judiciales. No creo que le permitan actuar como un déspota siguiendo los pasos de su señor. Con la amnistía también se produjo el anuncio de que sería constitucional. Es algo que no tenía ningún fundamento, salvo que el árbitro participara en esta indigna operación. Todos somos libres de pensar lo peor y además creo que acertaremos. Los que han salido en tromba son una vicepresidenta comunista a la que le gustaría imponer un régimen de independencia judicial como el que existía en la Unión Soviética; el ministro Óscar López, que tiene que hacer méritos con Sánchez y no es un jurista; el otro López, que no superó primero de ingeniería y que su conocimiento del Derecho se reduce a Wikipedia; y el intrépido Óscar Puente, que es licenciado por una prestigiosa universidad, pero me temo que ha olvidado lo que aprendió. Luego tenemos a Rufián, que no tiene miedo a hacer el ridículo con tal de lograr algo de protagonismo. En cambio, me sorprende Aitor Esteban, que hizo un doctorado dirigido por Pablo Lucas Verdú, uno de los grandes constitucionalistas españoles, y fue profesor de Derecho Constitucional. Me temo que es otro que ha olvidado lo que aprendió, cegado por el virus de la política. Al resto de espontáneos que han salido descalificando la sentencia sin leerla y hablando de golpe de Estado judicial, deberíamos enviarlos al rincón de pensar.

La cuestión de fondo es que Sánchez autorizó una operación de las cloacas contra Isabel Díaz Ayuso filtrando datos reservados que afectaban a su pareja. Su obsesión por la presidenta madrileña merecería un estudio psicológico, así como el machismo repugnante que muestra el sanchismo político y mediático. Al final le ha salido mal, pero la filtración y la utilización política del asunto no es algo sobre lo que existan dudas, ya que ha sido confirmado por todos los implicados. Las cloacas sanchistas son repugnantes y muestran unas prácticas impropias de una democracia. Es peor, incluso, que lo que hizo Richard Nixon con el Watergate. No es algo aislado. Se utilizan los recursos del Estado y las empresas que controlan para amedrentar a los adversarios, los medios de comunicación y los periodistas.

Lo sucedido muestra que con este socialismo y los medios que le apoyan ciegamente no hay nada que hacer. Feijóo ha podido comprobar cómo se despilfarran centenares de millones para subvencionar y patrocinar la campaña en favor de Sánchez. La maquinaria está muy bien engrasada. La única reacción posible ante tanta indignidad es la dureza y utilizar el Senado para impedir que imponga el cesarismo sanchista. Es necesario que utilice la transparencia y el buen gobierno como instrumento para desmontar las operaciones de Sánchez para controlar las instituciones, las empresas públicas y privadas y los medios de comunicación. Feijóo hará muy bien haciendo oídos sordos a los que le insisten en que sea moderado o que sea benevolente con la basura sanchista de los lobistas. Aznar y Rajoy no fueron lo suficientemente contundentes y se equivocaron. Esa idea de que González y Zapatero pagaron en las urnas fue un grave error. El sanchismo y sus aliados son implacables. La sentencia del fiscal general del Estado es una muestra de ello, porque no les importa mentir, manipular y traicionar con tal de seguir en el poder. Los ataques contra los jueces y fiscales que no se someten a esa Justicia del pueblo de corte comunista propio de la izquierda populista iberoamericana muestran que están dispuestos a atravesar todos los límites.

El único aspecto positivo es que Sánchez y sus seguidores se han quitado la máscara hasta un extremo que era inimaginable. Ahora ya sabemos que hay una agenda de mutación constitucional, liderada por Conde-Pumpido, y una ofensiva para acabar con la independencia judicial que complete el objetivo de controlar el Estado. Este cesarismo democrático, aunque parezca una contradicción, es el desarrollo del autoritarismo en una democracia, convirtiendo a la oposición en una colección de figurantes y estómagos agradecidos, como son los políticos que están al servicio de Sánchez. Esta sentencia confirma que no controla a los jueces y ahora quiere triturarlos con la ayuda de la colección de ignorantes que han criticado una sentencia sin leerla.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)