Política Cultural

El derecho a la creación editorial

Las elecciones que hoy celebra la Sociedad General de Autores de España (SGAE) para la conformación de su nueva Junta Directiva afectan no sólo a la defensa de los propios derechos de los creadores españoles, sino al futuro de la gestión colectiva de la propiedad intelectual en España y a la defensa de los productos culturales españoles frente a la piratería. Estamos, pues, ante una convocatoria que trasciende el ámbito particular de una asociación que, sin embargo, es de índole privada y cuya titularidad corresponde a sus socios, que son quienes se gobiernan y organizan, aunque siempre dentro de los márgenes que establece nuestro ordenamiento constitucional. Es importante este planteamiento previo porque se han alzado voces y se han expresado opiniones que ponen en duda la legitimidad de esta elección, como si pasados hechos, en buena parte envueltos en buscada confusión, se hubieran transformado en un estigma indeleble. Ni mucho menos. La limpieza de las urnas y legitimidad de la Junta Directiva resultante viene garantizada por los propios estatutos de la SGAE, por la Ley Orgánica de Asociaciones y por la Ley de Propiedad Intelectual. El sistema de votación elegido, frente a la persistente insistencia de algunos sectores en las bondades del voto electrónico, no presenta la menor objeción, puesto que se ajusta a los estándares democráticos en este tipo de procedimientos y es de uso habitual en todos los países de nuestro entorno. Si los estatutos de la SGAE dictaminan que el voto debe ser personal e indelegable y se garantiza, como se ha hecho, la participación de los interesados a través de las distintas sucursales y sedes de la organización o, también, por correo, ya señalamos que no se entiende la obcecación por el voto electrónico. Si hay que insistir en la legitimidad de origen de la nueva Junta Directiva es porque sus miembros deben tomar algunas decisiones trascendentes, como es la adaptación de sus estatutos a la Directiva europea. O lo que es lo mismo, de la necesidad de acabar con la exagerada influencia de las grandes multinacionales a la hora de repartir los derechos generados por los socios de la SGAE. Una influencia que, entre otras cuestiones, se ha empleado en detrimento de las editoriales de televisión. La nueva Junta está obligada a poner fin al cuestionamiento que sufren unas empresas que se dedican a la actividad editorial, que crean contenidos culturales, que reúnen en su seno a más de 4.000 autores y 12.000 artistas y que, por supuesto, se adecúan a las condiciones de realización que se dan en el resto del mundo. Hablamos de la réplica de un modelo reconocido internacionalmente en el ámbito de la producción fonográfica, del que, tradicionalmente, pero no por un derecho exclusivo que nadie les ha reconocido, se han venido beneficiando los grandes grupos multinacionales a los que hemos hecho referencia. Porque, además, se trata de un modelo de actividad editorial perfectamente lícito e, incluso, necesario para garantizar la explotación continua y la difusión comercial de la música. Que es, precisamente, la función primordial del editor, función que, como es evidente, los autores no podrían llevar a cabo por sí solos. En definitiva, el nuevo gobierno de SGAE que surja de las urnas está obligado a devolver a la entidad el prestigio, la confianza y credibilidad que le corresponde para garantizar un bien superior que no es otro que la creación cultural en España. Una creación en el campo de la cultura que, en un mundo abocado a la globalización y la uniformización que imponen las grandes industrias multinacionales del entretenimiento, tiene cada vez más implicaciones en todos los órdenes de la conformación de nuestras modernas sociedades.