Familia

La insolvencia legislativa del Gobierno, mezclada con la manipulación ideológica de los partidos que lo integran, va a seguir deparando momentos de gloria en los estertores de una legislatura que se le va a hacer muy larga a la calidad normativa y al buen gusto jurídico. Esta semana lo hemos visto con el anteproyecto de ley de familias, que, tras pasar el listón bajísimo del Consejo de Ministros, eliminando aquella insólita clasificación nominal de modelos de familia, se mantiene en sus defectos de fondo como un nuevo ejercicio de ingeniería social y despropósito normativo. Una ley de familias que sorprendentemente comenzó su andadura con un divorcio entre miembros del Gobierno, cuando unas ministras vetaron a otras su presentación en la rueda de prensa de Moncloa. En todo caso, un texto legal en el que una vez más se orilla el interés general, que habría de consistir en realidad en ayudar de verdad a las familias españolas en lugar de eliminar categorías como la de familia numerosa. Sin embargo, se utilizan la inclusión y la diversidad, que son valores compartidos por todos los demócratas, como meras excusas propagandísticas para realizar una propuesta legal de escaso valor jurídico y de puro postureo político sectario. Su principal error consiste en no reconocer abiertamente a la familia como el modelo de éxito histórico que es, como gran referente de unidad entre personas que tienen lazos y empatía, pero, sobre todo, como un sujeto social fuerte con la capacidad creadora suficiente para cohesionar la vida social, generando vínculos de identidad, compromisos y deberes. Antes, al contrario, lo que hace es contemplarla como un puro remedo de sí misma, a la manera de una pura adición de intereses individuales, diluyendo intencionadamente la naturaleza de la unidad familiar. El problema es serio, porque más allá de cuestiones filosóficas o nominales, la ley, como ha ocurrido con otras iniciativas del Gobierno, puede poner en peligro algo tan importante como la libertad individual, negando, en este caso, el derecho constitucional de las familias a elegir la educación en valores para sus hijos. Todo porque la ley antepone las visiones ideológicas a su utilidad jurídica, como han denunciado los informes preceptivos emitidos, tanto por el Consejo de Estado como por el Consejo General del Poder Judicial, en los que, además de avisar de diversos riesgos de inconstitucionalidad, en relación a las competenciales de las CCAA, critican que el texto cree «confusión, inseguridad jurídica y desigualdad» entre los destinatarios de las medidas de protección recogidas en el Anteproyecto. Denuncian también omisiones flagrantes, como que no se haya contemplado, entre las posibilidades de familia monoparental, aquella en la que el varón sea el único progenitor, así como que no se recojan los derechos de visita de los abuelos, respecto a los que existe un reconocido vacío legal. Resulta bastante significativo que el informe del CGPJ denuncie que «el Anteproyecto contiene en gran parte de su articulado disposiciones de carácter programático, algunas de las cuales se reducen a enunciados normativos meramente descriptivos, sin contenido jurídico, esto es, sin un concreto mandato normativo», o que «carece de verdadera virtualidad y sustantividad, limitándose a reproducir facultades o derechos que ya están reconocidos en otras normas». Este Gobierno rompe todo lo que legisla. Y ahora le toca a la familia, que lo que necesita es precisamente protección jurídica y políticas de Estado, tal y como hacen la mayor parte de naciones democráticas de nuestro entorno. La familia como entorno de convivencia y solidaridad es y ha sido el mejor escudo social frente a las crisis de todo tipo. El Gobierno, una vez más, donde pone el ojo pone la bala.